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La Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) no tiene los controles necesarios para que se dé un proceso transparente a la hora de asignar ayudas del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), de acuerdo con los datos de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República para determinar si los procesos de la Desaf, asociados al manejo de platas, cumplen con lo establecido.
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Fodesaf tiene como fin primordial el financiamiento de programas sociales para costarricenses, extranjeros residentes legales del país y personas menores de edad, en situación de pobreza o pobreza extrema.
En el presupuesto inicial 2022, del Fodesaf incorporó transferencias corrientes para el pago de programas y servicios sociales por un monto de ¢336.365 millones, así como transferencias de capital por un monto de ¢99.227 millones, razón por la cual el control sobre los recursos otorgados es de suma relevancia pues deben contribuir al logro de los objetivos institucionales y a mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria.
La Contraloría determinó que la Desaf presenta limitaciones y debilidades importantes en los controles, relacionados con el manejo de los recursos del Fodesaf, principalmente en tres temas:
1) Desaf no cuenta con lineamientos internos que regulen con claridad su forma de actuar en situaciones como bajos niveles de ejecución, omisión en el registro de los beneficiarios del programa y antes posible reintegros del superávit a Fodesaf.
2) Carece de una metodología propia y específica que sustente los informes de evaluación, los cuales no tienen periodicidad definida y presentan baja cobertura.
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3) La carencia de regulaciones en la distribución de recursos, la aprobación interna, el riesgo de los beneficiarios del programa, las obligaciones de la Desaf y de la respectiva unidad ejecutora, así como la definición de los productos esperados del programa que se desarrolla con los recursos del fondo.
Ahora la Desaf deberá ponerse las pilas y corregir los señalamientos de la Contraloría para garantizar el uso adecuado de los recursos.
