EscucharLa contralora general de la República ya analizó el proyecto de ley Jaguar, que es el que propuso el Gobierno para llevar a cabo el referéndum.
Este martes la funcionaria llegó a la Asamblea Legislativa y aprovechó para decir, sin pelos en la lengua, que no ve con buenos ojos la iniciativa.
“Hemos encontrado que en realidad se le están haciendo muchos huecos al sistema de fiscalización y control de los recursos públicos. Este es un tema que va más allá de la contratación de obra pública, como se ha mencionado, este es un tema que le suprime a la Contraloría importantes competencias de control, por ejemplo, la Contraloría no va a poder fiscalizar la eficiencia en el uso de los fondos públicos o la legalidad de los controles internos.
“Cuando recibamos una denuncia ciudadana o hagamos una auditoría, no vamos a poder tomar medidas preventivas si encontramos un mal uso de recursos, alguna irregularidad o un eventual caso de corrupción, vamos a estar frenados porque la Contraloría no va a poder advertir, ni recordar ni ordenar. La Contraloría prácticamente estaría pintada en la pared”, dijo Acosta.
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Sin controles previos
La funcionaria dijo también que el cambio que se pretende con el referéndum afectaría los controles previos e impediría supervisar los presupuestos de las instituciones descentralizadas y de las municipalidades.
La contralora agregó que el Gobierno está tratando de diseñar su propio modelo de control, lo que parece claramente una invasión de las potestades legislativas.
“El control de la plata pública tiene distintos momentos, justamente para poder parar a tiempo las ilegalidades y poder alertar, desde una perspectiva independiente, técnica y legal, cuando se están usando los fondos públicos sin eficiencia y sin ley, buscando una ruta poco transparente.
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“El panorama es bastante claro: se quiere quitar y por tanto evadir el control de los fondos públicos en detrimento de la eficiencia y la legalidad en el uso de los recursos que le pertenecen a todos los costarricenses. Calificar de fortalecimiento semejante cosa es pretender que la verdad no saldrá a flote y que nadie verá las intenciones reales de sus proponentes.
“Ante lo delicado de esta situación, es que quedamos atentos a la consulta que Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa realice a la Contraloría General en este proceso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 de la ley que regula el trámite del referendo”, dijo Acosta.
El Pode Ejecutivo, por su parte, asegura que el proyecto de ley busca fortalecer la Contraloría, sin embargo, los expertos coinciden con Acosta en que es todo lo contrario, la debilita en sus controles en la administración pública, porque ya no podría supervisar los proyectos de forma previa, sino hasta después de realizados, eso le impediría detener casos de corrupción y de mal uso de los fondos públicos.
La contralora dice que están a la espera de que el proceso de referéndum que está llevando a cabo el Tribunal Supremo de Elecciones llegue a la etapa en la que le consultan a las instituciones afectadas su pocisión, en ese momento darán sus alagatos del por qué sienten que la iniciativa es peligrosa para el bienestar y la transparencia del país.
