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La sorpresa de ver al diputado independiente Dragos Dolanescu con tan llamativa mascarilla se dio durante la comparecencia del presidente Carlos Alvarado en la Asamblea Legislativa por el caso UPAD.
La UPAD era la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), una oficina mandada a crear por Alvarado, a principios del 2019, que se encargaba de conseguir todo tipo de información de los costarricenses que después era utilizada por un equipo para crear políticas públicas.
La UPAD podía tener acceso a la información confidencial de las personas y entidades del Gobierno. En febrero del 2020, por la polémica que se armó con el supuesto uso que se daba a los datos, Alvarado ordenó que se frenara el trabajo que hacía.
El mandatario dijo ayer que desconocía si el equipo legal de Casa Presdencial revisó el decreto que permitía a la UPAD conocer esa información confidencial disponible en las instituciones públicas.
Al empezar su comparecencia, el presidente leyó un texto amplio. Negó que la UPAD se hubiera utilizado con fines de espionaje, como algunos han señalado. “Viéndolos a los ojos, les aseguro que ni uno solo de los cinco millones de costarricenses ha sido espiado o ha visto su privacidad comprometida con los proyectos que se desarrollaron”.
Negó también que los datos se hubieran vendido a terceras personas o que se les haya dado un uso electoral. “Nadie se robó un cinco de la plata de los costarricenses con el trabajo que se hizo u obtuvo beneficios ilegales. Tampoco, ninguno de los estudios desarrollados sirvió para algún fin político electoral. Lo garantizo por lo más sagrado”, afirmó.
Los encontronazos con el diputado Dolanescu estuvieron entre lo más sonado de la jornada.
El legislador entró con los tacos de frente. “Voy a ser muy duro con usted hoy”, le dijo a Alvarado.
“¿Recuerda cuando nos conocimos, la única vez que he ido a la Casa Presidencial, lo que yo le dije, que iba a ser un diputado que iba a estar controlando una y otra vez lo que haga su gabinete y los errores que usted iba a estar haciendo, que iba a ser muy duro?”.
Alvarado respondió: “Recuerdo de nuestro primer encuentro que su hija me pidió una fotografía, y sí lo recuerdo” y entonces Dolanescu dijo: “Ok, perfecto, seguimos, --y levantó la voz-- seguimos”.
En un momento Dolanescu le dijo que no iba a tener una conversación con él y agregó que las preguntas las hacía él.
La presidenta de la comisión investigadora, la liberacionista Silvia Hernández, vio que las cosas se calentaban e intervino y le pidió a Dolanescu que preguntara de forma respetuosa.
Hacia el final del interrogatorio de Dolanescu, Alvarado le dijo al diputado (ahora independiente) que preguntaba con mala fe porque le había cuestionado sobre la clave de uno de sus teléfonos celulares decomisados en febrero del 2020 cuando ya sabía que era 1,2,3,4,5 y 6.
Horas después, la Fiscalía General le solicitó al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, abrir una investigación penal para determinar cómo se filtró al público la clave de uno de los teléfonos del presidente luego de que el aparato fue decomisado por el Ministerio Público.
La diputada Hernández aseguró que la comparecencia del mandatario en el plenario era legal y que se basa en en la Constitución Política. Otras personas opinan lo contrario y han señalado, desde que se aprobó llamar a Alvarado, que solo es legal hacerlo con ministros, que la Constitución Política no establece que los diputados interroguen al presidente de la República.
La diputada Laura Guido, del PAC, dijo sentir pena por el espectáculo “triste” que algunos habían dado en el plenario en una especie de “juicio” al presidente y que hubo un claro irrespeto a la división de los poderes de la República.
