El censo que pretende realizar el Estado entre la población gay del país, con el fin de obtener estadísticas para esta población y crear a partir de esos datos una política social al respecto, ha generado una división entre los miembros de esa comunidad.
En redes sociales muchos comentarios son contrarios a esa iniciativa, alegando que son datos muy sensibles y personales por lo que no se deben de andar difundiendo.
Mientras que otros líderes de la comunidad LGTBI dicen que el censo, que será realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), permitirá visibilizar a la población y de esa forma lograr que se puedan realizar planes o estrategias para echarles el hombro.
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De hecho, el Gobierno debió sacar una aclaración para reforzar la idea de que la encuesta no es personalizada.
Carlos Alfaro, una activista independiente, dijo que la identidad sexual es algo muy privado y que puede convertirse en un arma de doble filo. También dijo que como está planteado el censo es discriminatorio.
“Eso puede prestarse para una posible persecución en futuros gobiernos y va a costar mucho que las personas se abran y den esta información. Al Gobierno le interesa ir captando a una población diversa, lo cual creemos que es discriminatorio”, dijo Alfaro.
Mientras tanto, Geovanny Delgado, fiscal del Movimiento Abelardo Araya, hizo un llamado a la comunidad para colaborar con la encuesta. Por cierto, aún no hay una fecha definida.
“Los datos estadísticos son necesarios para que el Gobierno pueda ejecutar o dirigir proyectos o políticas. Por ejemplo, saber cuánta es la población sexualmente diversa hay y cuántos tienen acceso a servicios de salud”, dijo.
Por su parte, Luis Eduardo Salazar comisionado para asuntos LGTBIQ, dijo que no les preguntarán a los individuos sobre su orientación sexual o identidad de género en las instituciones públicas, pero sí en las encuestas y los censos. “Se podrían incluir en censos de salud sexual y reproductiva, que son anónimos. En las instituciones es un dato irrelevante”, explicó.