EscucharEl Caso Diamante, que empapa a algunos de los alcaldes y exalcaldes más reconocidos del país, en un supuesto megacaso de corrupción; podría estar en alitas de cucharacha, y todo por que una jueza metió las de andar.
Lo que sucedió fue que el pasado lunes, el Tribunal Penal de Hacienda tomó la decisión de anular dos resoluciones que establecían el caso como crimen organizado, básicamente, trayéndose abajo el caso.
Pero, para refrescarles la memoria: ¿de qué trata el Caso Diamante?
En 2021 se destapó una supuesta red de sobornos y tráfico de influencias en contratos de obra pública municipal.
En el caso fueron acusados el alcalde de Cartago, Mario Redondo, así como los exalcaldes Johnny Araya (San José), Humberto Soto (Alajuela), Arnoldo Barahona (Escazú), Alberto Cole (Osa) y Alfredo Córdoba (San Carlos), quienes aparentemente habrían recibido sobornos a cambio de favorecer a ciertas empresas, entre ellas Meco, conocida por estar embarrada en el Caso Cochinilla; en la adjudicación de contratos de infraestructura vial.
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Cuando se destapó la olla, la Fiscalía manejó el caso bajo la idea de que se trataba de crimen organizado, ya que les daba mayores herramientas para armar su caso.
Pero, con lo que sucedió el lunes, puede que el Caso Diamante esté muerto.
Metida de pata
Lo que pasó fue que los abogados defensores de los acusados, argumentaron que la jueza Juliana Cristina Jiménez Alpízar, del Juzgado Penal de Hacienda y la Fiscalía, utilizó un machote que incluía párrafos de dos investigaciones que no tenían nada que ver con el Caso Diamante.
Una investigación era por aborto y otra por homicidio.
Con estos párrafos dentro del expediente Diamante, no se tenía claridad de cuáles eran los cargos que se atribuían a los acusados y, es por eso, que pidieron desestimar el caso como si fuera crímen organizado.
Ahora, ¿esto qué significa para el resto de la investigación?
Bueno, en pocas palabras que llegó a un callejón sin salida.
Según nos explicó el abogado penalista, Rafael Rodríguez, sin la declaratoria de crimen organizado, muchas de las pruebas que se recolectaron ya no tendrían peso.
“Ya el proceso no se va a tramitar por la vía de crímenes organizados, sino por la vía ordinaria”, explicó.
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“Con esto los plazos se reducen y, al no ser una situación propia de crímenes organizados, inclusive las intervenciones telefónicas, que fueron la base de esta investigación, puedan ser anuladas”.
No obstante, ¿existe una forma de corregir la situación? En realidad no.
Como explicó el abogado, a pesar de que el Ministerio Público dijo que fue un error, no se puede corregir de esa manera.
“Ya el tribunal resolvió y, el debido proceso blinda a toda persona sometida a un proceso penal, de cualquier error que tengan los operadores del derecho”.
Así que, en pocas palabras, nada que hacer.
¿Cómo pasó?
Pero, ¿cómo podría explicarse que un caso tan fundamental se venga abajo por un error tan ridículo?
La explicación podría darle ganas de llorar.
“Desafortunadamente, en muchas ocasiones se utiliza el copypaste, o sea, se tienen machotes o formularios para resolver los procesos y, no se tiene el cuidado de verificar que el asunto que se está tramitando”, explicó el experto.
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“Entonces, agarran un machote y sobre él van tratando de ir generando la resolución, sin tener el cuidado de verificar si se dejaron aspectos propios de ese machote o, si ese formulario no corresponden al caso”.
No obstante, la jueza Juliana Cristina Jiménez no salió ilesa de toda la situación y, desde ya se anunció una investigación en su contra para determinar si fue un error o si fue con culpa.
