Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y el resto de implicados en el Caso Barrenador, se tendrán que mantener alejados de sus puestos hasta abril del 2025.
Y es que luego de más de dos semanas de discusión, el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, declaró sin lugar los recursos de apelación que presentaron los acusados contra sus medidas cautelares.
Hay que recordar que para el Caso Barrenador se está investigando por irregularidades en la adjudicación de diez EBAIS a cuatro cooperativas, a Esquivel, así como a otros siete directivos de la CCSS, entre ellos María de los Ángeles Gutiérrez, gerente general de la institución, y los directivos Johnny Gómez, Isabel Camareno y Zeirith Rojas.
LEA MÁS: Rodrigo Chaves nombró al reemplazo de Marta Esquivel como presidenta de la Caja
A ellos se les acusa de los presuntos delitos de influencia contra la hacienda pública y tráfico de influencias.
Desde el 10 de octubre se ordenó separar de los puestos a los implicados, quienes presentaron el recurso de apelación para quitarse la medida. No obstante, la jueza Ivannia Delgado, fue quien le puso punto final a la conversación y negó la apelación.
Eso quiere decir que tanto Esquivel como el resto de involucrados se van a mantener lejos de la Caja y tienen que respetar el resto de medidas que se les impuso, entre ellas no tener contacto con los 11 testigos del caso ni perturbarlos o amenazarlos de ninguna forma.
LEA MÁS: Marta Esquivel contó cómo fue su detención y cómo se sintió viajando en una perrera
Según la Fiscalía, se tienen pruebas de que al menos tres de los testigos han recibido amenazas.
Por su parte, Esquivel seguirá sin recibir su salario durante el tiempo que dure la suspensión, así como lo estipuló la institución desde el inicio.