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Los carros que hayan sido declarados con pérdida total en otro país y reparados, no podrán ingresar a Costa Rica para su posterior circulación en la calles nacionales.
Así lo anunciaron este miércoles la primera dama, Claudia Dobles, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez y el director del Consejo de Seguridad Vial, Edwin Herrera, con el lanzamiento del reglamento para la aplicación del artículo 5 de la Ley de Tránsito.
De este modo quienes deseen importar un carro de otro país deben estar seguros de que no fue declarado con pérdida total o que el número de VIN del motor no ha sido alterado, para evitar llevarse la sorpresa de que no pueda inscribirlo y por ende, será un caro adorno en su cochera porque no lo podrá rodar en las calles del país.
Esta medida aplicará para todos los carros, remolques y semiremolques de primer ingreso que hayan estado inscritos en su país de procedencia. Esto se acostumbra hacer con más frecuencia en los cabezales.
Tampoco se podrán inscribir los carros que presenten uniones estructurales de chasis no autorizadas.
El ministro del MOPT explicó que para verificar que el carro importado cumpla con todos los requisitos para ser inscrito en nuestro país, se verificará la nave como tal y los documentos, además se incorporará al sistema de aduanas el rechazo o aceptación, el cual se le comunicará al Ministerio y al importador del carro.
“A través del COSEVI, el MOPT establecerá un listado de las características bajo las que se considera que un automotor presenta pérdida total, las cuales serán incorporadas en el Manual de Revisión Técnica Vehicular”, detalló el jerarca.
Si se detecta que el importador faltó a la verdad en la declaración jurada de importación se le impondrá una multa equivalente a cinco veces la sanción estipulada en la categoría A de la Ley de Tránsito, que actualmente ronda ₡1.400.000.
La autoridad aduanera podría reexportar el vehículo que se detecte con pérdida total o alteración en su VIN o en su defecto, declararse en abandono.
José Carballo, presidente de la Cámara Costarricense Automotriz consideró importante la medida adoptada por el Gobierno, por considerarlo como competencia desleal hacia sus agremiados, pero le gustaría conocer más detalles del reglamento porque no se les consultó.
“Mientras que nosotros pagamos $7000 ellos pueden pagar entre mil y dos mil dólares y acá los arreglan y los venden como nuevos, compitiendo con los de nosotros”, explicó Carballo.
