Este jueves, la junta directiva de la Caja le dio visto bueno a la propuesta de la norma técnica sobre el aborto terapéutico.

El presidente ejecutivo de la institución, Román Macaya, dijo que se acordó recomendar al Ministerio de Salud que se valoren algunas observaciones realizadas por el equipo técnico y legal de la Caja.

Por su parte, el gerente médico de la Caja, Mario Ruiz, explicó que se sugirió a Salud que se especifique que la norma es de aplicación tanto en hospitales públicos como privados, dado que con dicha norma se materializa el contenido de una norma penal que es de acatamiento obligatorio para toda la población.

También se solicitó que se revise la definición de la objeción de conciencia, a efectos de que se entienda como un derecho fundamental que se deriva de la libertad de pensamiento dispuesta en el artículo 29 de la Constitución Política.

Un tercer acuerdo de la junta directiva establece que en un plazo de 5 meses posterior a la vigencia de la Norma, deberá estar listo el protocolo de atención clínica, el cual será elaborado por un equipo médico.

Ruiz agregó que los análisis efectuados por la Dirección Jurídica, la asesoría jurídica de la gerencia médica y médicos del Programa de Normalización de la Atención a la Mujer de la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud de la Caja indicaron que la norma se apega a lo contenido en el artículo 121 del Código Penal.

A paso firme

El martes anterior, el ministro de Salud, Daniel Salas confirmó que envió a la Caja el documento borrador a modo de consulta y una vez que la Caja respondiera, se procedería para la firma del mismo antes de que finalice el año, tal y como prometió el presidente de la República, Carlos Alvarado, el 3 de enero pasado.

La norma técnica sobre el aborto terapéutico da a conocer una serie de reglas que se deberán aplicar si la vida de una mujer corre peligro en su estado de embarazo. El equipo médico o la misma paciente podrá solicitar que se aplique la norma técnica y un equipo de profesionales analizará cada caso para determinar si se debe interrumpir el embarazo.

La aplicación de la norma en cada caso es voluntaria, es decir, ninguna mujer estará obligada a interrumpir su embarazo si no lo desea.

Satisfechos

El diputado del PAC Enrique Sánchez se mostró satisfecho con el visto bueno.

“Es una confirmación de que la norma se elaboró con solidez técnica y jurídica, y que una vez que entre en vigencia se saldará una deuda de muchas décadas que permitirá proteger la salud y salvar vidas de las mujeres embarazadas”, manifestó.

Zoila Rosa Volio del PIN, indicó en sus redes sociales que la norma técnica es una necesidad científica y una deuda histórica que tenemos con las mujeres.

“No se está proponiendo nada nuevo; se está reglamentando el artículo 121 del Código Penal, que existe desde 1971. Su fin es proteger a las mujeres en riesgo y respaldar a los médicos”, señaló la legisladora.

El exdiputado Mario Redondo señaló que es mejor de lo que en algún momento promovió el gobierno de Luis Guillermo Solís.

“No es tanto el coco que temían unos. Esperamos que su aplicación se haga con rigurosidad y que no permita que se aproveche para otros usos”, manifestó.

Descontentos

Sadie Morgan, presidenta de la Asociación Médicos por la Vida, manifestó que no los sorprende la respuesta de la Caja.

"Lo que nos sorprende es que se esté validando por el Gobierno una norma que se les ha advertido que es inconstitucional y que avala tácitamente los causales para practicar un aborto. Se están analizando las medidas que tomaremos”, indicó.

El diputado independiente Erick Rodríguez aseguró que este aval es una forma del presidente, Carlos Alvarado, para premiar a los grupos que están a favor del aborto en el país.

“Lo malo es que cuando se habla de que la vida de la madre está en peligro, esa frase es bastante amplio, porque según la Organización Mundial de la Salud, un riesgo podría presentarse en el estado sicológico, físico y social, eso abre portillos para que cualquier embaraza diga que está deprimida y que por eso no puede tener a su bebé”, expresó.

La legisladora Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aseguró que la decisión de la Caja, impulsada por el presidente Alvarado, no la sorprende.

“El presidente ha hecho caso omiso a varias reuniones que le hemos pedido con grupos de expertos, simplemente las opiniones de estos expertos es algo que a él no le ha interesado”, explicó.