Las personas oxigenodependientes recibieron una bocanada de aire por parte de la Sala Cuarta.

Estas personas ya no sufrirán más por los altos recibos de electricidad gracias a que el Instituto Mixto de Ayuda Social deberá coordinar con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) para asumir el costo.

Así lo ordenó la Sala Constitucional al declarar con lugar dos recursos de amparo interpuestos por dos mujeres oxigenodependientes que viven en condición de pobreza extrema.

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En ambos casos, la CNFL le notificó a las mujeres, una vecina de Desamparados y la otra de Tres Ríos, que les suspendería el servicio por atraso en el pago, esto pese a que las máquinas de oxigeno de las que dependen para sobrevivir funcionan con electricidad.

Ante tales circunstancias, el Alto Tribunal resaltó que la Constitución Política expresa un compromiso en la especial protección de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad y destacó el derecho al “mínimo vital”.

“Las normas del derecho social protegen ese mínimo vital requerido para que las personas cuenten con las condiciones materiales que les permitan llevar una existencia digna. Asimismo, proporcionan seguridad económica a los grupos sociales desprotegidos y protección ante situaciones que vulneren su dignidad, salud, integridad física e incluso su vida”, explicó Nancy Hernández, magistrada e instructora del recurso.

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Ante una consulta de La Teja, la oficina de prensa de la Sala Cuarta detalló que si bien esta resolución se refiere específicamente a los casos de estas dos mujeres, el artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional establece que los fallos de la Sala Constitucional son vinculantes (de carácter obligatorio), Por tanto, el IMAS y la CNFL deberán tomar en cuenta esto para acciones similares.

Agregaron que el afectado deberá también formular una la petición ante la distribuidora y, en caso de que le nieguen el trato específico, deberá recordarles que ya existe un voto del alto tribunal en ese sentido.

Rudo caso

Uno de esos casos los dio a conocer La Teja. Se trata del de Laura Díaz, quien padece de fibrosis quística y artritis reumatoide. Esta vecina pasó de pagar ¢11.000 a ¢50.000 en el recibo, por lo que aseguró que “o comía o pagaba la luz”.

Varias veces le advirtieron en Fuerza y Luz que si no pagaba, le cortaban el servicio, así que fue a hacer un arreglo de pago. A la fecha debe más de ¢200.000 en recibos, más unos ¢150.00 en arreglos de pago.

"La noticia es muy positiva, espero que incluya toda esa deuda que tengo hasta el momento", aseguró la mujer.

Rodolfo Nassar, el abogado que ayudó a doña Laura a interponer el recurso, aseguró que dicho amparo se presentó con la expectativa que el resultado sirviera para muchas más personas, pues la trabajadora social del San Juan de Dios indicó que los pacientes oxígenodependientes en situación de pobreza no podían enfrentar el costo de luz que significa tener el equipo conectado todo el día, así que lo usaban por horas nada más, arriesgando su vida.

“Desde la presentación a la resolución de la Sala Constitucional lo más difícil fue lidiar con la insensibilidad de las instituciones públicas, sobre todo con la compañía de electricidad estatal, pues a pesar de que existía el recurso y la orden de la Sala Constitucional de que no se le podía desconectar la electricidad a la casa de doña Laura, la presionaban prácticamente todos los días mediante visitas o llamadas para que firmara un arreglo de pago.

"Los personeros de la compañía llegaban y le indicaban que le iban a desconectar la electricidad en cualquier momento. Emocionalmente, en una persona gravemente enferma esto afectaba su estado de animo y su salud”, aseguró el abogado.