La ola de violencia que vive el país es actualmente la principal preocupación de los diputados, el fiscal general, Carlo Díaz y el Gobierno.
El 2023 fue una pesadilla en términos de inseguridad, el año cerró con 907 homicidios, la cifra más alta de la historia del país y con apenas ocho días del 2024 ya se va rompiendo ese triste récord, ya que el OIJ registra 19 muertes violentas, mientras que a la misma fecha del año pasado iban 13.
Este lunes los diputados Rodrigo Arias, presidente del Congreso y Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, se reunieron con la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz; el fiscal general, Carlo Díaz y el director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Fernando Ramírez, y tomaron decisiones importantes.
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La legisladora Gloria Navas, dijo que la reunión fue de mucho provecho y se mostró muy preocupada por la situación del país.
“Estamos observando y prácticamente declarando que el estado de violencia y emergencia que tenemos en Costa Rica en este momento no tiene otro calificativo más que actos de terrorismo, y como actos de terrorismo tenemos que responder las autoridades, los encargados de la administración del país para echar para atrás este tipo de violencia que no podemos tolerar más. El pueblo de Costa Rica está en un estado de pánico, lo comprendemos”, dijo la legisladora.
Tres proyectos salvadores
Navas dijo que en la reunión se priorizaron tres proyectos de ley que deben aprobarse a más tardar en un mes para meter el hombro al tema de la seguridad y todas las partes se comprometieron a echarle ganas para que la situación mejore.
El primero es uno que pretende fortalecer el registro judicial de delincuentes, ya que en el pasado se determinó que al poco tiempo de que una persona sale de prisión por cumplir una pena, sus antecedentes sean eliminados, entonces, si vuelve a delinquir, es tratado como un delincuente primario y puede hasta optar por beneficios carcelarios, los diputados quieren eliminar esa alcahuetería.
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Otra de las iniciativas es la reforma a la Ley de Opciones y Naturalizaciones para hacer frente a los casos en los que delincuentes de otros países obtienen la naturalización tica, el proyecto pretende quitarles la naturalización para que enfrenten los procesos pendientes en esas naciones. Hay otro expediente que pretende extraditar a esas personas, sin embargo, hay vicios de inconstitucionalidad que resolver en el texto, por eso mientras tanto se abordará ese otro proyecto de ley.
El tercer proyecto de ley es el Fortalecimiento a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para agilizar la captura de dineros del narco y repartirlos entre las policías.
Fernando Ramírez, director del ICD, dice que este proyectos de ley ayudará a quitar poder económico a los grupos narcos, lo que los debilitaría.
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Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, dice que ya las policías del país están haciendo todo lo que pueden para frenar la ola de violencia, por eso necesitan urgentes reformas en la ley que permitan cambios.
Este miércoles 10 de enero habrá una nueva reunión para seguir detallando las iniciativas que más precisan y hablar de otros temas importantes como el sicariato juvenil y la ley de armas y explosivos que también necesita un cambio.