El Gobierno tiene la intención de ponerle un impuesto a las transacciones financieras como parte de su propuesta al Fondo Monetario Internacional para la estabilizar la economía.

Se trata de un impuesto que gravará cada transacción que una persona realice a través de un banco, financiera, mutual, puesto de bolsa o alguna otra entidad financiera y que implicará que el Estado recoja por cada transacción un porcentaje adicional.

Para la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) es una medida que afectará de forma directa a todos los clientes del Sistema Financiero Nacional.

“Los bancos reconocen la grave situación que atraviesa el país y han realizado grandes esfuerzos para apoyar a los sectores más afectados, pero nos parece que este impuesto, en el que las entidades financieras serían recaudadoras, tiene implicaciones negativas para todos los clientes, indistintamente si son personas o empresas. Además, llegaría en medio de una coyuntura muy complicada, producto de la crisis generada por la covid-19 y la situación fiscal del país”, indicó Mario Gómez, asesor legal de la ABC.

Para ABC podría afectar a las empresas al momento en que paguen planillas, a las personas cuando cancelen las cuotas de sus créditos o paguen los servicios públicos, o cada vez que se utilice una plataforma bancaria para mover dinero de una cuenta a otra.

En caso de que el impuesto sea de un 0,3%, como se está proponiendo, representaría 3 mil colones por cada millón.

Estos son algunos ejemplos de cómo funcionaría y su implicación, según la ABC:

• Si un cliente saca 10.000 colones de su cuenta por medio del cajero automático, el Gobierno le cobrará 30 colones.
• Si va al supermercado y paga 200.000 colones, el impuesto será de 600 colones.
• Si una familia o empresa pide un préstamo de 60 millones de colones, se le tendrá que cobrar un impuesto de 60.000 colones.

Cadena

Si usted va a una soda a comprarse un casado, el impuesto hacia atrás tendrán que pagarlo de la siguiente forma según la ABC:

• El dueño de la soda cuando pagó el alquiler, los salarios, los frijoles, el arroz, los huevos y demás productos.
• Distribuidores que llevaron los productos a la soda.
• Las empresas que empacaron los frijoles.
• Los industriales del arroz.
• Los productores agropecuarios cuando compraron los insumos.

En conclusión, el casado a usted le saldrá más caro porque antes de que llegará a su mesa el Gobierno le cobró el impuesto a todo el proceso productivo. Es decir, el impuesto usted lo paga cuando hace sus pagos, pero también los productores lo pagarán y se lo cobrarán como consumidor final en los precios.

En el caso de los productores, industriales y comerciantes tendrán que pagar el impuesto cuando hagan pagos de salarios, servicios públicos o créditos, también cuando compren insumos o materias primas, es decir, tendrán que pagar el impuesto en cada etapa del proceso productivo.

La aplicación de este impuesto es una fuente de ingresos inmediata y continua para el Gobierno, ya que los tributos son recaudados a partir de transacciones en tiempo real, responsabilidad que recae sobre los bancos.

Otros aspectos negativos que traería consigo la medida según la asociación, son los siguientes:

• Desincentiva el ahorro y motiva a las personas a usar dinero en efectivo, es decir, favorece la desbancarización.
• Con el tiempo las personas y empresas aprenden a eludir el pago del impuesto.
• El uso de más efectivo pone en riesgo a la ciudadanía frente a los delincuentes. Esto es caldo de cultivo para el crimen y el lavado de dinero.
• Genera fuga de capitales a cuentas en el extranjero (offshore).
• Conduce a un crecimiento en el sector informal, lo que termina por perjudicar también a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y al Ministerio de Hacienda.
• Dependiendo de cómo se plantee el impuesto podría tener un impacto en cascada sobre los costos de producción y los precios al consumidor final.
• El Banco Mundial ha establecido en diversos estudios que el uso de tarjetas de crédito o débito, no solo reduce el costo asociado al uso de efectivo en casi un 50%, sino que además se convierten en mecanismos que facilitan la inclusión financiera, por lo que un proyecto de esta naturaleza indudablemente va en contra de estas recomendaciones.

“Un nuevo impuesto en la coyuntura actual es sin duda un golpe para los costarricenses y un retroceso en el proceso de bancarización que las entidades financieras han impulsado por años”, concluyó Mario Gómez, asesor legal de la Asociación Bancaria Costarricense.