EscucharEste lunes se cumplió una semana del terremoto que vivió el país con la detención de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, luego de que la Fiscalía informara que era sospechosa en un chorizo con 138 ebáis.
Ese día las autoridades la detuvieron a ella y a otras siete personas que habrían participado en el chanchullo.
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Además de Esquivel, en esta causa están imputados los directivos y exdirectivos Isabel Camareno Camareno, Zeirith Rojas Cerna, Johnny Gómez Pana, Jorge Luis Araya Chaves, Jorge Porras López y Roberto Quirós Coronado, así como María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, directora de proyección de servicios de salud de la Caja. A todos se les investiga por tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
Todos pasaron la primera noche en las celdas de los Tribunales de Goiciechea y al día siguiente los dejaron en libertad, pero la audiencia de solicitud de medidas cautelares se ha alargado más de lo que se esperaba y aún no ha terminado.
En el caso Barrenador se investiga a las ocho personas por supuestamente permitir un millonario sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en la contratación de cuatro cooperativas y una asociación médica para administrar 138 ebáis de la Gran Área Metropolitana.
Aunque las partes esperaban concluir la audiencia el pasado viernes, el asunto se atrasó después de la declaración de Marta Esquivel y el juzgado decidió suspender la sesión y citó a los involucrados nuevamente para este lunes a las 8:30 a. m., para que el abogado de Esquivel, Edgardo García, continúe con su alegato.
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En contra de los imputados, la Fiscalía pidió el cumplimiento de cinco medidas, por el plazo de seis meses: impedimento de salida del país, entregar los pasaportes, firmar una vez al mes en la FAPTA, prohibición de conocer cualquier asunto relacionado con la licitación bajo investigación, y prohibición de comunicarse, acercarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar a once testigos del proceso.
Adicionalmente, en contra de Esquivel, Camareno, Gutiérrez, Araya, Rojas y Gómez se pidió la suspensión del cargo, por el mismo periodo.
El juez a cargo de la audiencia podría decir este lunes si se les dictará a los imputados todas las medidas solicitadas por el Ministerio Público o cambiarán u omitirán algunas.
