Con 39 votos a favor y 13 en contra, este lunes 7 de marzo se aprobó en segundo debate el proyecto de Ley del Empleo Público; ahora solo falta que el presidente, Carlos Alvarado, lo firme para que pase a ser ley de la República.
Esta nueva ley viene a sustituir el actual sistema salarial con pluses por un esquema de salario global para todo el sector público, con excepción de las empresas públicas en competencia (como el ICE que compite por el mercado con Claro y Movistar, entre otras) y el Cuerpo de Bomberos.
Para decirlo más clarito, que un guarda en un ministerio gane casi ¢1 millón de colones por pluses y en otro ministerio un guarda, por hacer el mismo brete, gana ¢400 mil, esto no se verá más con la nueva ley.
Esta ley, cuando entre regir, es para los nuevos empleados públicos que se contraten, no aplica para los que ya están.
La Ley del Empleo Público se convirtió en uno de los caballos de batalla del Gobierno de Carlos Alvarado para lograr el acuerdo de un préstamo de más de mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a finales del 2020, el objetivo es ahorrar casi ¢394.000 millones por año.
La primera votación fue el 7 de diciembre pasado. Después el proyecto se fue a una segunda consulta en la Sala Cuarta, donde por mayoría los magistrados consideraron que no tiene vicios de forma ni de fondo.
Cuando el proyecto se mandó por primera vez a consulta en la Sala Cuarta los magistrados respondieron que era inconstitucional que instituciones con autonomía entraran en el saco del salario único.
Por eso los disputados tuvieron que cambiar el proyecto y sacaron del saco el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las universidades públicas, las municipalidades y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).