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El grupo de antivacunas que fue desalojado de las afueras de Casa Presidencial el pasado 14 de octubre porque estaba acampando y obstruyendo el paso de la gente, se quejó ante la Sala Constitucional.
Los manifestantes interpusieron un recurso de amparo argumentando que la policía llegó a quitar el campamento pacífico que mantenían “lo cual fue con excesivo abuso de autoridad y violatorio del derecho de manifestación, reunión y asociación pacífica”.
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Estas personas estaban muy molestas con el presidente de la República porque asegura que no cumplió algunas de las promesas de campaña relacionadas con el tema de las vacunas contra el covid-19, que siguen siendo obligatorias para los niños por estar en el esquema básico de vacunación.
En el operativo las autoridades les decomisaron a los antivacunas botellas de licor, dos galones con gasolina, panfletos, banderas, un libro y otras cosas y en el reclamo los denunciantes pidieron que se les regresaran todos los objetos incautados.
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Los magistrados que analizaron el caso pidieron cuentas a los involucrados en el operativo. La municipalidad de San José y la Policía Municipal de esa institución rindieron un informe en el que dijeron que ese 14 de octubre el presidente de la República, Rodrigo Chaves, les dio la orden, por medio del jefe de Seguridad de Casa Presidencial, de quitar a los manifestantes, luego de días permanecer día y noche ahí.
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“El día 14 de noviembre alrededor de las 10:00 a.m., se realiza intervención del sitio por parte de Policía Municipal de San José con el fin de garantizar el libre tránsito peatonal por el sitio, el cual se veía seriamente interrumpido por la gran cantidad de elementos obstructores que había en el lugar. Efectivamente se encontraba toldos armados, mesas, enseres de cocina, bolsas con trastos varios, alimentos, botellas de licor, tiendas de campaña, sillas, dos bidones de gasolina, todo sobre vía pública y en la acera obstruyendo el libre tránsito peatonal”, detalló la Policía Municipal a los magistrados.
Luego de analizar los hechos, los miembros de la Sala Constitucional declararon sin lugar el recurso de amparo.
