Las personas con una orientación sexual diferente son sometidas, en muchas ocasiones, por sus familiares a terapias de conversión que les “curarán”.

Por eso, un total de 130 organizaciones y más de mil personas se unieron para alzar la voz por esas víctimas, quienes desconocen que los abusos, aislamientos, dietas y violencia psicológica a la que los están sometiendo para que “entiendan” que lo que sienten está mal y puedan cambiar, no son normales. Por el contrario, violan sus derechos humanos.

Así lo explicó Shy Alarcón, vocera de Resistencia LGBTIQA+ de Costa Rica, quien expresó su repudio a las terapias de conversión que se han estado realizando en el país desde hace más de 30 años.

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“Como organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos, apoyamos el proyecto de ley 20.970 para prohibir todas aquellas ‘torturas’ dirigidas a revertir o modificar la orientación sexual y la identidad de género de las personas LGBTIAQ+ disfrazadas de ‘terapias de conversión’, que se discute, actualmente, en la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y que, acertadamente, buscan prohibir este tipo de actividades, que atentan contra la integridad física, emocional y psicológica de las personas con una sexualidad diversa”, explicó Alarcón.

Según compartió la vocera, estas son practicadas por algunos profesionales de la salud, como psicólogos o de forma clandestina por guías espirituales o religiosos a quienes acuden las familias para someter a sus seres queridos.

“Queremos que se detengan, porque al final las consecuencias de estas prácticas son nefastas, atentan contra la autoestima y el desarrollo integral de las personas que son sometidas a ese tipo de procesos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya determinó que no es una enfermedad; por lo tanto, no hay nada que curar”, agregó Alarcón.

Variedad de “ayudas”

Alarcón comentó que algunas de las víctimas de estas “torturas” fueron sometidas a terapias de shock, privación de comida o agua, golpes; también, se les prohibió el contacto con otras personas, e incluso, la posibilidad de seguir estudiando en la escuela, colegio o universidad, o hasta practicar deportes. Se les amarró dentro de la casa y se les hizo creer que eran culpables de las afecciones de salud o situaciones de pobreza y vulnerabilidad de sus familias.

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“Las personas con mayores condiciones de vulnerabilidad caen en este tipo de estafas que le pagan a otros que han montado un negocio con mitos, estigmas y temores para que, por determinada cantidad de dinero, “curen” a sus seres queridos que tienen una orientación sexual diversa”, explicó la defensora de derechos humanos.