Juan Rafael Brenes es un jubilado que ya no puede más con tanto rebajo automático que le hacen a su pensión, pues no le queda platica para gastos básicos.

Pero gracias a la nueva Ley contra la usura, los casos como el de don Juan no se volverán a repetir, aunque a él y muchos más les tocará seguir bailando con la más fea.

El caso de don Juan es muy rudo, ya que de los ¢825 mil que debería recibir por los años que laboró como maestro, recibe solo ¢13 mil y un mes tan solo le llegaron dos rojos.

Don Juan, de 75 años, aseguró que su situación económica se empezó a complicar hace tres años y que se debe a los rebajos automáticos que le realizan varias cooperativas a su pensión.

La mitad de la pensión se le va en pagar un préstamo que hizo para refundir una deuda por ¢25 millones. Además tiene otro perro amarrado de un millón y otros piquillos por ahí.

“Parece mentira, pero uno no va dándose cuenta de que está llegando a un nivel de endeudamiento en el que la situación se hace asfixiante. Lo curioso es que las mismas instituciones se le abren a uno ofreciéndole la oportunidad de préstamo y al final se termina así, porque ¿quién no necesita dinero en este país?

“Las cooperativas a uno no le advierten que en el Código de Trabajo dice que las deducciones por autorización nunca pueden superar cierta cantidad del salario”, aseguró este porteño.

Don Juan Rafael aseguró que en su caso el dinero de los préstamos lo ha utilizado para cubrir necesidades angustiantes.

“En mi caso he tenido que sacar a mi hijo de situaciones difíciles en dos ocasiones con préstamos de un millón de colones y a otra hermana igual. A mi hijo le he dado también para completar el dinero del alquiler, yo no tengo obligación de estarle dando, pero uno siempre ve las necesidades ajenas”, aseguró este pensionado.

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Deudas y más deudas

Don Juan sostiene que “no hay empleado público que no tenga un préstamo”, pues se los dan con mucha facilidad.

Y el señor no se equivoca, ya que los docentes son los empleados estatales con el salario más comprometido debido a las deudas, junto con los funcionarios del Ministerio de Seguridad, Obras Públicas, Imprenta Nacional y Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco).

Según La Nación, al menos una cuarta parte de los empleados de estas entidades recibieron en setiembre del año pasado menos del salario mínimo (actualmente en ¢199. 760) debido a las deducciones.

“Cuando a mí todavía me llegaban ¢260.000 de pensión todo el mundo se me abría para darme préstamos, porque lo más que le rebajan a uno eran entre ¢10 y ¢20 mil con las cuotas. Con esas cuotas uno acepta, porque está pasando una necesidad y no para comprarse una pantalla, que yo ni tengo, solo tres teles de cajón con antena de aire, en los que solo me entra un canal. Mis deudas no han sido para comprarme cosas, sino para ayudar a los demás y a mí”, aseguró.

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Don Juan asegura que la ve peluda.

“Yo aquí estoy achantado esperando a ver si la rana echa pelos y rabo. Hago de tripas corazón y rindo lo más que se pueda una bolsa de arroz. Vivo solo, pero no disfruto mi vejez. De agua y de luz me llegan como ¢20.000 y debo un montón de meses. Alquilo en ¢60.000 una casa en Barranca, Puntarenas, la dueña es un ángel y no me molesta. Con el aguinaldo le aboné ¢500.000. Ahora estoy esperando la llegada de excedentes de la cooperativa para darle algo más”, aseguró este señor.

Agregó que el problema se agranda cuando ve que los pagos no amortizan y la deuda se hace eterna.

Respetar monto mínimo

La Defensoría de Apoyo al Deudor asegura que la nueva ley contra la usura cambia este panorama, pero advirtió que no es retroactiva, es decir, quienes ya están en esta situación, como don Juan, deben ver cómo van saliendo porque la ley solo aplica para los nuevos casos. Con esta nueva legislación no podrán sacar prestamos quienes tengan un salario líquido menor a ¢200 mil (ver nota aparte).

No obstante, Sthepanie Portuguez, asesora legal de la Defensoría, explicó que están tomando cartas en el asunto para los casos que ya llevan buen tiempo en esta situación.

“La Sala Cuarta dijo que las personas estaban así porque voluntariamente así lo querían y que a ellos no les correspondía resolver. Entonces recurrimos al amparo de legalidad y se ventila ante el Contencioso Administrativo y está planteado contra Tesorería Nacional, porque el amparo busca desautorizar los rebajos automáticos”, explicó Portuguez.

La Defensoría pretende, con esta acción, que cada persona se encargue de hacer los pagos en las entidades correspondientes, y que si no lo hace, se aplique el debido proceso, que es el cobro judicial.

“Tenemos un criterio de la Procuraduría que dice que se debe respetar el salario mínimo de las personas, y no se debe de rebajar a ningún trabajador un porcentaje más alto del monto permitido por ley para los embargos (195 mil colones)", aseguró la abogada.

Según Portuguez, las entidades no deberían prestar por prestar y dejar a las personas sin un cinco, sino hacer un estudio para ver la capacidad de pago y tener una corresponsabilidad en este asunto.