EscucharEn la Asamblea Legislativa se analiza un proyecto de ley impulsado por el Gobierno que pretende permitir la extradición de ticos ligados al narcotráfico.
La iniciativa ha sido polémica desde que se presentó, porque algunas personas dicen que esa modificación cambiará hasta la Constitución Política, por lo que no se puede hacer así como así.
Este lunes el abogado especialista Rubén Hernández llegó a una comisión legislativa que fue hecha para analizar específicamente ese proyecto de ley y dio su punto de vista sobre el delicado tema.
Él siente que la iniciativa tiene un “problema insalvable” de procedimiento. A su criterio, la propuesta del Poder Ejecutivo y los diputados oficialistas, pretende modificar un derecho fundamental que no se puede hacer a través de una reforma parcial a la Carta Magna, sino que se debe hacer una Asamblea Constituyente, ya que se estaría tocando un derecho fundamental.
“El tema de la reforma al artículo 32 de la Constitución Política tiene un problema insalvable, que es de procedimiento. La Sala Constitucional dijo expresamente que la Asamblea Legislativa como poder reformador, está limitado por el poder constituyente; no puede reducir o eliminar garantías o derechos fundamentales de los ciudadanos”, explicó el abogado.
“Es un tema de competencias, nada más. La Asamblea no puede, solo una constituyente”, añadió.
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No puede quedar impune el delito
Por su parte, el abogado Fernando Zamora, quien también dio su punto de vista sobre el proyecto de ley, considera que sí se puede reformar de manera parcial este artículo desde la Asamblea Legislativa porque, para él no se puede considerar un derecho humano o fundamental el quedar impune de un delito.
“No es, desde ningún punto de vista, un derecho humano la posibilidad, que actualmente existe, de que algún nacional cometa delitos graves como narcotráfico fuera de nuestras fronteras y que por el hecho de que ese nacional se encuentre en nuestro país, no pueda ser extraditado o entregado a una jurisdicción allende de nuestras fronteras”, explicó a los diputados.
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“Se ha querido hacer ver que el beneficio de quedar impune es un derecho humano”, dijo Zamora.
La diputada independiente Gloria Navas estuvo en la audiencia y apoyó la posición de Hernández, hasta dijo que incluso si Costa Rica llega a tramitar una Asamblea Constituyente para tramitar una reforma constitucional que permita la extradición de costarricenses, el país se podría exponer a sanciones internacionales ante organismos de derechos humanos.
“Tenemos el riesgo de una sanción internacional a través de la Convención de Derechos Humanos. Estaríamos siempre en un riesgo máximo de romper con los principios básicos que nos hemos comprometido internacionalmente”, señaló.
