El abogado Juan Carlos Loría, experto en Derecho Administrativo, “despedazó” la póliza que quiere contratarle el gobierno al INS para salvar al presidente de la República, Rodrigo Chaves, de las posibles tortas que se jale.
Hacienda está tramitando una licitación para contratar un seguro anual de ¢248.391.706, para que tanto el presidente como los ministros puedan usar un fondo millonario para defenderse legalmente si llegan a enfrentar procesos penales por decisiones tomadas en su gestión.
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Loría contó que ya una vez un gobierno pasado había propuesto algo similar y se había determinado que era ilegal usar fondos públicos para pagar pólizas de responsabilidad.
“La ley lo que dice es que la responsabilidad es personal y solidaria y lo que está haciendo el Estado a través de esta póliza es asegurándolo para que el INS ponga el pecho, por decirlo de alguna manera, o asuma la responsabilidad por las actuaciones de sus funcionarios y eso a todas luces es ilegal", expresó el abogado.
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“Además, rompe con el principio de igualdad porque la responsabilidad es solidaria para todos los funcionarios de este país, entonces, ¿por qué una póliza para ciertos funcionarios y no para todos los funcionarios de la administración pública?”, agregó.
La ley es muy clara y especifica que “sin perjuicio de las previsiones que deba tomar la Administración, todo encargado de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos deberá rendir garantía con cargo a su propio peculio (dinero), en favor de la Hacienda Pública o la entidad respectiva, para asegurar el correcto cumplimiento de los deberes y las obligaciones de los funcionarios".
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El experto dice que en este momento lo que debería de hacer el gobierno es frenar el plan.
“No solo se debe echar para atrás, sino que se debe suspender y consultarle a la Procuraduría General de la República, porque podría incurrir en un delito.
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“La misma entidad (el INS) o el gobierno debería formular una consulta ante la Procuraduría para ver si es factible emitir pólizas de responsabilidad a título del Estado", dijo Loría.
El abogado dice que lo que ya se ha hecho antes es que los funcionarios públicos han pagado esas pólizas de su propia bolsa, pero nunca con fondos públicos.
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Este lunes el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, defendió la póliza y dijo que es necesaria para darle seguridad a los funcionarios a la hora de tomar decisiones.
También expresó que esto no es nuevo, sino que existe desde hace más de 50 años en el mundo y se aplica en otros países.
El vicepresidente de la República, Stephan Brunner, también defendió la póliza.
Él explicó que si la póliza se usa para defender a un funcionario público y en el juicio se llega a comprobar que efectivamente cometió un delito y actuó de forma incorrecta, entonces esa persona deberá devolver la plata usada para defenderla.
Acosta dijo que a raíz de las críticas, frenarán el proceso y enviarán una consulta a la Procuraduría.