EscucharEl abogado penalista Alfonso Ruiz desarmó, con argumentos, el discurso de Laura Fernández, ministra de la Presidencia, sobre la detención de Marta Esquivel.
El licenciado hizo un posteo en su cuenta de Facebook para explicar con pelos y señales todo el manejo legal relacionado con este caso.
La presidenta de la Caja está embarrada en una investigación, ya que, supuestamente, ella y otros funcionarios de la institución habrían ayudado a que se adjudicaran 138 Ebais con un sobre precio de ¢12.400 millones al año.
La ministra Fernández salió al paso diciendo que las acciones de la Fiscalía mostraban una persecución hacia el Gobierno, que era abuso de poder y que no había un delito que perseguir, porque la adjudicación de los Ebais no está en firme.
Ante esto, el abogado Ruiz explicó con argumentos por qué piensa que Fernández está equivocada.
“Irresponsabilidad, ignorancia, desconocimiento, mala asesoría legal, o quizá mala intención, con la finalidad de distraer el serio caso hoy evidenciado y así, una vez más, pretender engañar al grupo que ciegamente los aplaude. Lo cierto es que el ejercicio de la acción penal en nuestro país es resorte del Ministerio Público y lo hecho hoy, validado por un juez de la República, no es un abuso de poder, como alegremente se ha dicho.
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“No es cierto, además, que el delito principal que se investiga sea prevaricato. Claramente, dijeron el Ministerio Público y el OIJ, tráfico de influencias (2-5 años de prisión) e influencia en la hacienda pública (2-8 años de prisión). Tampoco es cierto que para prevaricar se requiera que la resolución administrativa dictada haya sido declarada, de forma previa, ilegal. La norma, 357 del Código Penal, la establece como el dictado de una resolución, contraria a la ley o fundada en hechos falsos. Punto”.
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Ruiz considera que todo este discurso pareciera más bien querer hacer presión o meter miedo a la Fiscalía.
“Una vez más el Poder Ejecutivo interfiere, cuestiona, ataca y estorba la función del Poder Judicial, una gravísima intromisión de poderes que no ha tenido límite en los últimos dos años.
“El proceso debe seguir su curso, los detenidos siguen siendo inocentes, y mucho se puede decir sobre sus detenciones y traslados a celdas, pero no es presionando desde Zapote como el derecho de defensa se ejerce, no es tratando de engañar a la gente ni vociferando, ni burlándose de algo tan serio como se aclara el tema”, aseguró el abogado.
