EscucharAl ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ya le dejaron claro que las tortas que se jale un empleado público las tiene que pagar ese mismo funcionario con su plata, así sea el presidente Rodrigo Chaves.
Los abogados de la Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda le respondieron al ministro de Hacienda varias consultas que realizó sobre el polémico seguro para posibles tortas que hicieran el presidente Chaves y su equipo de gobierno.
Es que el ministro Acosta buscaba contratar una póliza al Instituto Nacional de Seguros (INS) para proteger los bienes personales del presidente Chaves y sus ministros de las broncas, daños y pleitos legales que puedan darse por eventuales malas actuaciones en sus deberes, pero los abogados de Hacienda le respondieron a Acosta que nel pastel, que nada que ver con esa póliza, que le costaría al país 248 millones de colones.
Los abogados de Hacienda dicen que no, totalmente amparados a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, que dice en uno de sus artículos: “todo encargado de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos deberá rendir garantía con cargo a su propio peculio, en favor de la Hacienda Pública o la entidad respectiva, para asegurar el correcto cumplimiento de los deberes y las obligaciones de los funcionarios”.
En una larga carta, que tenemos en nuestro poder, la Dirección Jurídica le aclara al ministro Acosta que en estos momentos el país no tiene ninguna ley que le permita a él contratar el seguro para tortas presidenciales, y sus ministros, que él tanto quiere.
Además, el documento le enciende las alertas rojas al ministro de Hacienda al advertirle que si quiere lograr ese seguro para tortas se debe, obligatoriamente, que crear una nueva ley ante la Asamblea Legislativa y solo cuando esa ley esté aprobada podrá contratar el seguro para tortas que pagaríamos todos los costarricenses.
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Ya el ministro Acosta había justificado la posible contratación del seguro tortero porque “La ley reguladora del mercado de seguros establece que el Estado puede contratar las pólizas que requiere para su funcionamiento. Hay toda una justificación de cada uno de los ministerios del requerimiento de la póliza y por eso se hace la contratación. Así que no es un tema en donde estemos haciendo algo ilegal”.
Pero nada que ver, los abogados de Hacienda lo corrigieron: “toda erogación que realiza el Estado debe satisfacer el interés público, no pudiendo argumentarse y/o justificarse con base en este, intereses particulares”.
