EscucharMarta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, es investigada por la Fiscalía como sospechosa del delito de prevaricato, en el caso de la adjudicación de 138 Ebais por medio de un aparente chanchullo.
En esa misma causa también figuran como sospechosos otros siete funcionarios de la Caja que forman o formaron parte de la Junta Directiva.
El prevaricato es un delito que va muy de la mano con el abuso de autoridad y se castiga con cárcel.
Es un delito que comete un funcionario público o una autoridad judicial dictando, de manera consciente, una resolución que es injusta o contraria a la ley, o esté fundamentada en hechos falsos.
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Quien incurre en esta falta comete también un abuso de autoridad y no cumple con las obligaciones adquiridas en el marco de sus competencias, por lo que debe enfrentar un proceso legal en el que se sientan las responsabilidades y sanciones correspondientes.
Según el artículo 357 del Código Penal de nuestro país, este delito se castiga con prisión de dos a seis años.
El Ministerio Público informó que, al parecer, la junta directiva de la Caja se apropió de forma indebida del conocimiento de un concurso público para la administración de 138 Ebais.
“Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo, en el cual habrían ejercido control y, valiéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.
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“Lo anterior a pesar de que se determinó que las ofertas presentadas por las cinco entidades eran excesivas, significando un incremento anual de más de ¢12.400 millones respecto al costo actual de la prestación del servicio en las mismas áreas de salud y en igualdad de condiciones técnicas, es decir.
“Las autoridades judiciales presumen que miembros de esa junta sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos”, detalló la Fiscalía.
Esquivel y los otros siete sospechosos también son investigados por delitos de influencia contra la Hacienda Pública (por el sobreprecio y lo que eso representa para las finanzas del Estado) y tráfico de influencias.
