EscucharLa fiscalía venezolana citó a declarar el viernes al opositor Edmundo González, investigado en medio de su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio, y advirtió que un desacato implicará una orden de captura.
Es la tercera citación que emite la fiscalía contra el rival del presidente Nicolás Maduro, cuya reelección proclamada hace un mes es cuestionada por una parte de la comunidad internacional. Este jueves, cancilleres europeos negaron la “legitimidad democrática” del gobernante de izquierda.
González Urrutia habló por videoconferencia en esta reunión para presentar la situación del país. El discurso no fue público.
El embajador, que cumple 75 años, ya ignoró dos citaciones anteriores esta semana por considerar que el Ministerio Público actúa como un “acusador político” que lo sometería a un proceso “sin garantías de independencia y del debido proceso”.
“Obviamente no va a ir”
La líder opositora María Corina Machado adelantó que “obviamente no va a ir”. “¿De qué estamos hablando?”, lanzó en una rueda de prensa con medios españoles.
La fiscalía advirtió que “de no comparecer ante este despacho fiscal en la fecha antes señalada se considerará” en “peligro de fuga” y “peligro de obstaculización (...) por lo que se tramitará la correspondiente orden de aprehensión”.
Juristas han catalogado el procedimiento de irregular.
González Urrutia está en la clandestinidad desde el 30 de julio cuando apareció por última vez en público. Desde entonces solo se comunica a través de redes sociales.
La citación, al igual que las otras, no especifica en calidad de qué fue convocado: imputado, testigo o experto, según la ley venezolana.
Habla de “rendir una entrevista en relación a los hechos que investiga este despacho” por la presunta comisión de “usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público”, delitos que pueden llevar en teoría a la pena máxima de 30 años de cárcel.
“No le puedo reconocer”
La citación está enfocada en el sitio web en el que la oposición publicó copias de más del 80% de las actas de votación, que asegura prueban la victoria de González Urrutia el 28 de julio y el fraude de Maduro.
La publicación de las actas “no estuvo a cargo de Edmundo González Urrutia”, dijo, en tanto, la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en un comunicado. “Digitalizar y resguardar las actas de escrutinio que por derecho nos corresponden no es un delito”.
Los documentos fueron desestimados por el chavismo y la corte suprema ordenó una investigación luego de convalidar el resultado oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó vencedor a Maduro con 52% de los votos.
Pero no publicó el detalle del escrutinio mesa por mesa como ordena la ley.
“La victoria electoral que él proclama no ha sido probada”, insistió el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, durante la reunión con ministros de Exteriores. “Y si no creo que haya ganado las elecciones, no le puedo reconocer la legitimidad democrática que dan las elecciones”.
Estados Unidos y varios países de América Latina tampoco reconocen la victoria de Maduro, que blindó su gabinete con Diosdado Cabello, del ala más dura del chavismo, como ministro del Interior.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, escribió en X que “la manipulación, represión y censura no cambian el resultado de la elección en Venezuela. Un mes después el resultado es claro: Edmundo González obtuvo la mayoría de los votos”.
“Nos importa un bledo sus comentarios”, respondió el canciller venezolano, Yván Gil, a Borrell. Luego escribió a Miller: “No debemos explicaciones a ninguna instancia extranjera, menos al hostil imperio que maneja un títere fascista”.
Posible allanamiento
Maduro ha pedido cárcel para González Urrutia y para Machado, también en la clandestinidad. Los responsabiliza de hechos de violencia en las protestas poselectorales, que registran 27 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos, un centenar de ellos menores de edad.
El fiscal general Tarek William Saab ya había anunciado una investigación penal contra ambos por “instigación a la insurrección” militar, tras un llamado a los militares a reconocer su victoria.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró en desacato al candidato al también ignorar un llamado a participar del proceso de certificación de la elección, que él y expertos consideraron improcedente.
Machado alertó de un posible allanamiento de la vivienda de González Urrutia, candidato accidental en la presidencial, tras su inhabilitación.
