EscucharA pedido de Human Rights Watch (HRW), expertos forenses investigaron las irregularidades en la muerte bajo custodia de Alejandro Muyshondt, exasesor de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y detenido tras denunciar corrupción en el gobierno.
El informe revela importantes vacíos en los registros médicos, incluyendo falta de evidencia que respalde diagnósticos oficiales, así como serias deficiencias en la investigación sobre su muerte.
El 9 de agosto de 2023, Alejandro Muyshondt, entonces asesor de seguridad nacional del presidente Nayib Bukele, fue detenido poco después de que acusara públicamente a dos funcionarios afines a Bukele de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Tras seis meses de permanecer incomunicado y sometido a desaparición forzada, Muyshondt murió bajo custodia del Estado salvadoreño.
Varias investigaciones periodísticas denunciaron irregularidades en su detención y en el expediente médico, lo que llevó a HRW a investigar al respecto.
“Ante estas denuncias, contactamos al Grupo Independiente de Expertos forenses, que reúne a 42 especialistas de más de 20 países, y al Consejo Internacional para la rehabilitación de víctimas de tortura para que evaluaran de manera independiente las más de 2.000 páginas de historia médica de Muyshondt”, explicó a RFI Juanita Goebertus, encargada de la división de las Américas de esta organización defensora de derechos humanos.
Según los documentos médicos, Muyshondt padecía múltiples problemas de salud. Sin embargo, los expertos forenses concluyeron que los registros hospitalarios carecen de pruebas de laboratorio y radiológicas necesarias para confirmar estas condiciones.
Máximo Duque, cirujano y especialista en medicina y antropología forense, es uno de los redactores del informe. En entrevista con RFI, detalló las principales anomalías que encontraron en sus pesquisas.
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“Según la historia clínica, estando bajo de detención, tuvo una hemorragia cerebral. Dice que lo llevan varias veces al hospital, pero en ese mismo tiempo, estando enfermo, fue llevado a diligencias judiciales y se le imputaron delitos, lo cual es la primera irregularidad que resalta”.
Asimismo, explicó que, pese a estar gravemente enfermo, Muyshondt no tenía contacto con su familia. Para el experto forense, el principal problema reside en la historia clínica, que calificó de “absolutamente confusa”.
“Es una historia manuscrita, no hay coherencia. Las notas médicas son escasas, hay más notas de enfermería que médicas y los diagnósticos son muy graves. Él termina con un diagnóstico de cáncer en el estómago y fallece, pero la confirmación clínica (los exámenes, radiografías, tomografías, etc.) no han sido entregadas a la familia. Al final, no tuvo ningún tratamiento”, sentenció.
Los expertos forenses determinaron que la investigación sobre la muerte de Muyshondt incumplió el Protocolo de Minnesota de Naciones Unidas, que establece el tipo de investigación de muertes potencialmente ilícitas.
“Estas conclusiones dan cuenta de un contexto más amplio de violaciones de más de dos años de estado de excepción en El Salvador (...) Si esto es lo que le sucede a una persona que era cercana al Gobierno, ¿qué pueden esperar los ciudadanos salvadoreños, muchos detenidos arbitrariamente?”, dice Juanita Goebertus, encargada de la división de las Américas de HRW.
HRW insiste en que la falta de voluntad del gobierno de Bukele para proporcionar respuestas claras sobre lo que le ocurrió a Muyshondt y las 260 personas que han muerto bajo custodia del Estado salvadoreño, exige un mayor escrutinio internacional sobre la situación de derechos humanos bajo el régimen de excepción en El Salvador.
En estos dos años y medio de implementación, 80.000 personas han sido capturadas en el país con una suspensión total del debido proceso.
“Hay personas capturadas sin orden de captura, sin que se les explique ni a ellos ni a sus familiares cuáles son los motivos”, precisó la responsable de la organización.
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En sus palabras, lo “más grave” es que durante este período de excepción las pocas sentencias existentes fueron contra menores de edad y no contra adultos.
“Es lo contrario al discurso de que esto es ‘la mano dura contra las maras’, lo que hay es un proceso de encarcelamiento masivo, pero no de juzgamiento y de sanción de los líderes de las maras. La mayoría salieron del país durante la primera fase del régimen de excepción”, denunció.
