Medios y analistas lo alertaron hace meses y sus temores se hicieron realidad ayer: miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro asaltaron los edificios del Congreso, el Supremo Tribunal Federal (STF) y del gobierno nacional exigiendo una intervención militar para echar del poder al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien tomó posesión hace exactamente una semana.

Vestidos con camisetas amarillas y verdes, y con banderas de Brasil, los manifestantes llegaron al corazón del poder político en Brasilia desde el Cuartel General del Ejército, donde estaban acampando hace semanas, exigiendo a los militares que reviertan por la fuerza el resultado de las elecciones presidenciales de 2022.

La multitud entró sin mucha resistencia a las sedes de los tres poderes del Estado -ubicados en la misma área, la denominada Explanada de los Ministerios-, ante unas fuerzas de seguridad que, según los medios locales, no estaban preparadas.

Tras invadir los edificios, los atacantes se sacaron selfies, destruyeron sillas, mesas, computadores y ventanas, y robaron algunas piezas de arte que se encontraban en el lugar.

“Tenemos que restablecer el orden, tras esta elección fraudulenta”, dijo a France Presse Sarah Lima, ingeniera pro-Bolsonaro de 27 años y presente en el lugar de los hechos.

Los simpatizantes actuaron ante la aparente connivencia de algunas patrullas de la Policía Militar de Brasilia, que, según videos divulgados por los medios, se dedicaron a observar desde la distancia e incluso tomaron fotos.

Intervención federal

Lula reaccionó inmediatamente y ordenó la intervención federal, junto con afirmar que los “vándalos fascistas” que invadieron las sedes serán “castigados”.

El Presidente nombró como interventor a Ricardo Capelli, secretario general del Ministerio de Justicia, quien será el responsable de toda el área de Seguridad en la capital hasta el próximo 31 de enero y estará subordinado directamente al Presidente. El interventor tendrá poderes para requerir fondos y bienes a disposición del Gobierno regional del Distrito Federal de Brasilia para desempeñar sus funciones, según un decreto leído por el mandatario.

“Se darán cuenta de que la democracia garantiza el derecho a la libertad, la libertad de expresión, pero también exige que las personas respeten las instituciones que se crearon para fortalecer la democracia”, manifestó el mandatario, junto con plantear que “encontrarán a los financiadores” y responsabilizar a Bolsonaro.

Mientras el Presidente hablaba, la policía se enfrentaba a los manifestantes y, tras algunas horas, liberaron los edificios públicos y detuvieron a más de 200 de ellos, según el gobierno central.

Los que fueron calificados como “actos golpistas” por medios y políticos locales, recibieron una condena generalizada de todos los sectores. “Hoy tuvimos un intento de destruir el Estado Democrático de Derecho”, dijo el ministro de Justicia, Flávio Dino, junto con asegurar que Bolsonaro es el “responsable político” del asalto.

Entrada la noche, reaccionó el expresidente. “Las manifestaciones pacíficas, dentro de la ley, son parte de la democracia. Sin embargo, el vandalismo y las invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy (ayer), así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla”, tuiteó Bolsonaro, junto con criticar las “acusaciones, sin pruebas” del gobierno de Lula.

El presidente de la Cámara Baja, Arthur Lira (Progresistas, centroderecha), se puso a disposición para reunirse con los jefes de los otros poderes del Estado para discutir lo ocurrido, mientras que Valdemar Costa Neto, líder del Partido Liberal de Bolsonaro, calificó lo ocurrido como “una vergüenza para todos nosotros”.

Las reacciones internacionales tampoco tardaron. Uno de los primeros fue el Presidente chileno, Gabriel Boric, quien planteó que Brasil “cuenta con todo nuestro respaldo frente a este cobarde y vil ataque a la democracia”. En una línea similar se manifestó el mandatario argentino, Alberto Fernández, al asegurar que su país está “junto al pueblo brasileño para defender la democracia”.

Desde EE.UU., el Presidente Joe Biden calificó de “escandaloso” el asalto en Brasil. Lo que diga ese país tiene una relevancia especial, pues lo ocurrido en Brasil recuerda el 6 de enero de 2021 en EE.UU., cuando una multitud de los seguidores del entonces Presidente Donald Trump entraron a la fuerza al Capitolio para revertir el resultado de las elecciones.

El Presidente francés, Emmanuel Macron, manifestó su apoyo a Brasil, tuiteando, en portugués y francés, que “la voluntad del pueblo brasileño y las instituciones democráticas deben ser respetadas”. El Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también respaldó a Lula.

“El bolsonarismo siempre ha tenido una base bastante expresiva, se ha mantenido muy movilizada incluso después de las elecciones y ha demostrado que está dispuesta a hacer movimientos golpistas”, dijo a “El Mercurio” Vítor Sandes, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Piauí, quien plantea que “es posible que haya habido algún tipo de participación de agentes públicos” en lo ocurrido, pues “estos actos habían sido anunciados con bastante anticipación”.

“Hoy el bolsonarismo es cada vez menos político y cada vez más fundamentalista. El futuro político del expresidente sufre un daño muy importante con lo ocurrido”, aseguró Marco Antonio Carvalho Teixeira, analista político de la Fundación Getulio Vargas, para quien “el bolsonarismo queda mucho más aislado” ahora.

LEA MÁS: Hermanitos murieron de rabia tras atacados por un murciélago

Tras lo ocurrido, todos los ojos cayeron sobre el gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, por presuntamente no haber tomado las medidas necesarias pese a que, según los medios locales, era previsible que ocurriría algo así.

Poco después de que comenzó el asalto, Rocha dijo que había puesto en la calle a “todos los cuerpos de seguridad” y destituyó a Anderson Torres, secretario de Seguridad del Distrito Federal, exministro de Justicia y un conocido aliado de Bolsonaro. Justo después de asumir la Secretaría de Seguridad de Brasilia viajó a EE.UU., donde se encuentra actualmente el expresidente.

“Todo el mundo conoce la fama de él (Torres) de estar de acuerdo con las manifestaciones”, aseguró Lula, quien en la noche fue a Brasilia a inspeccionar los destrozos provocados. En tanto, la Abogacía General de la Unión pidió ayer que el STF decrete la prisión de Torres y el canciller, Maurio Viera, dijo estar dispuesto a pedir su extradición si se decide juzgarlo.