La afirmación de Daniel Ortega de que los opositores presos en Nicaragua son “apátridas” (gente sin patria) al servicio de Estados Unidos, causó alarma sobre el futuro que espera a los detenidos: el destierro o su uso como “moneda de cambio”.

Durante un acto oficial en el que festejó su reelección, Ortega, quien lleva 14 años en el poder y asumirá otro mandato de cinco años, llamó el lunes a los opositores presos “hijos de perra de los imperialistas yanquis”.

“Se los debieran llevar a Estados Unidos, no son nicaragüenses, dejaron de serlo. No tienen patria”, afirmó Ortega, reelegido el domingo con un 76% de votos en unos comicios con siete aspirantes presidenciales detenidos.

Activistas de derechos humanos, analistas y familiares de los detenidos expresaron de inmediato su preocupación por esas declaraciones.

Como rehenes

“Estamos demandando que se ponga en libertad a los presos políticos de inmediato, que no sean utilizados como rehenes o moneda de cambio en la negociación que seguramente Ortega tratará de poner en marcha”, dijo Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe de la ONG IDEA Internacional.

Después de las elecciones “los presos se le convirtieron a Ortega en un pasivo” y pretende negociar rápidamente su liberación, pero quiere “cobrar por eso” al sacarlos del país y así evitar su liderazgo interno, dijo el analista y exdiputado Eliseo Núñez, en el exilio.

Desde junio pasado, en pleno proceso electoral, 39 opositores fueron detenidos, entre ellos los siete aspirantes presidenciales, acusados de conspiración, traición a la patria y delitos de lavado de dinero, bajo leyes aprobadas en diciembre pasado por la mayoría oficialista en el Congreso.

Ese grupo se sumó a unas 120 personas encarceladas por participar en las protestas contra el gobierno de 2018, cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Igual que en Cuba

Ortega, que cumple 76 años el jueves, acusa a los opositores de “criminales” y “terroristas” que se organizaron con ayuda de Estados Unidos para dar un golpe de Estado con las protestas de 2018 y que, según él, intentaron impedir las elecciones del pasado domingo.

El jurista y activista de derechos humanos Yader Valdivia dijo que “seria una jugada sucia de Ortega liberar a los presos, pero enviarlos al destierro” para evitar “que sigan demandando democratizar el país”.

“Es algo de gobiernos autoritarios. Lo hizo Cuba y Venezuela con sus propios opositores”, señaló.

Ortega “va a tener que liberar a los opositores. Desde el punto de vista humanitario es muy bueno, aunque sea fuera del país (...), pero es un mal precedente, quitarle la ciudadanía a alguien solo porque piensa diferente”, comentó Eliseo Núñez.

Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, la posible expulsión de los opositores del país y quitarles la nacionalidad es una “violación de derechos”.

Están en peligro

Familiares de los opositores detenidos han denunciado que sus parientes han estado aislados, sin recibir sol, sin comer adecuadamente, con pérdidas extremas de peso y una situación jurídica incierta.

Cinco agrupaciones de familiares y la presidenta del CENIDH advirtieron que los insultos de Ortega hacia los detenidos ponen en “riesgo” su seguridad.

“Preocupa que estos nuevos insultos sean interpretados de manera implícita como una ‘orden de ejecución’ para que funcionarios policiales y penitenciarios se sientan legitimados para llevar a efecto actos de venganza política contra personas presas”, alertaron los familiares, en un comunicado emitido el martes.

En Managua, Vilma Núñez coincidió en que las palabras ofensivas de Ortega pueden incitar a los funcionarios de la cárcel a aumentar el maltrato.

Para el mandatario nicaragüense “los opositores presos son responsables del vacío de las calles el día de la elecciones y las críticas de la comunidad internacional tras los comicios”, dijo Núñez.

En declaraciones a la AFP vía telefónica, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, consideró “preocupante” que, después de las elecciones, Ortega sostenga un discurso “estigmatizante” contra los detenidos.

“Se trata de la criminalización de las voces disidentes, sin garantías mínimas del debido proceso y en condiciones carcelarias que no cumplen el estándar mínimo de derechos humanos, llegando a malos tratos e incluso tortura”, observó Urrejola.