EscucharWashington, EE.UU.
AFP
Por estar en una lista de personas “a eliminar”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó proteger la vida del obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez.
El religioso es miembro de la mesa de diálogo con el gobierno instaurada en medio de las protestas contra el presidente Daniel Ortega.
Es decir, según la CIDH las autoridades de Nicaragua serían las responsables si algo malo le sucede al religioso.
“Los derechos a la vida e integridad personal de Silvio José Báez Ortega y sus familiares se encuentran en grave riesgo”, señaló la CIDH, perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), en un comunicado en el que pide al Estado nicaragüense asegurar que sus agentes cumplan con los estándares establecidos por el derecho internacional.
Para fundamentar su decisión, la CIDH destacó que Báez “habría sido objeto de acciones de ‘descrédito’, ‘amenazas de muerte’, así como de presuntos ‘ataques del gobierno orquestados a través de periodistas y medios de comunicación oficialistas y cuentas anónimas en redes sociales como Facebook y Twitter’”.
El obispo y sus familiares fueron supuestamente incluidos en una lista de personas a “eliminar” y estarían siendo vigilados “de manera constante”, detalló la comisión, que mencionó incluso imágenes divulgadas en Facebook que muestran a una persona exhibiendo un arma con la que pretendería atentar contra Báez.
La CIDH destacó el “efecto amedrentador” que esta situación podría tener sobre la participación de Báez en la mesa de diálogo, así como sobre la del resto de los integrantes, y urgió al Estado a tomar medidas de protección en favor del obispo y sus familiares para evitar la repetición de estos hechos.
Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, dijo a la AFP que la comisión está considerando solicitar más medidas cautelares para otros miembros de la Iglesia católica que participan en los esfuerzos de pacificación.
Báez, nacido en la ciudad nicaragüense de Masaya en 1958, ha sido una de las voces más críticas con el gobierno de Ortega desde que el 18 de abril estallaron las movilizaciones que exigen la renuncia del mandatario.
“En Nicaragua ha existido una dictadura desde hace muchos años”, ha dicho el prelado, quien brega por la “democratización” del país.
El diálogo entre el gobierno y la oposición para buscar una salida a la crisis se encuentra sin embargo suspendido desde el 23 de mayo.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), mediadora de las pláticas, anunció el jueves que no lo reanudará mientras “el pueblo siga siendo reprimido y asesinado” en las calles.
Las protestas entre miércoles y jueves en varias ciudades del país dejaron al menos 16 muertos, elevando a un centenar la cifra de fallecidos en un mes y medio, según organismos de derechos humanos.
Durante una visita a Nicaragua del 17 al 21 de mayo, la CIDH documentó “centenares de denuncias que evidencian graves violaciones a los derechos humanos que se caracterizan por el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y también de terceros armados”, según dijo en un informe preliminar.
