El Consejo Europeo anunció este lunes la inclusión de siete personas en la lista de funcionarios nicaragüenses sancionados, entre ellos dos hijos y asesores de Daniel Ortega y Rosario Murillo, respectivamente presidente y vicepresidente del país.
En un comunicado, el Consejo informó que los sancionados “son responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluida la represión de la sociedad civil, el apoyo a elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas, y el socavamiento de la democracia y el estado de derecho”.
Ortega asume este lunes su cuarto mandato presidencial. La Unión Europea considera que Nicaragua es gobernada por un “régimen autocrático” y que las elecciones celebradas en noviembre último en ese país carecieron de legitimidad.
Entre los incluidos en la lista de sancionados se destacan Camila Ortega Murillo y Laureano Ortega Murillo, hijos de la pareja presidencial y que actúan como asesores. Camila es también directora de la cadena de televisión Canal 13.
También fueron incluidos entre los sancionados la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha Chacón, y su vicepresidente, Cairo Amador Arrieta.
Nahima Díaz, directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, también pasó a ser objeto de sanciones, así como Lumberto Campbell, funcionario del Consejo Electoral.
La lista se completa con Luis Montenegro Espinoza, de la Superintendencia de Bancos.
LEA MÁS: Arte para protestar contra toma de posesión de Ortega
El Consejo también incluyó en la lista de sanciones a la Policía Nacional de Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto de Telecomunicaciones.
LEA MÁS: Rosario Murillo: la poderosa y creyencera esposa de Ortega
De esa forma, la lista de funcionarios nicaragüenses sancionados por la UE ya asciende a 21, y desde agosto del año pasado incluyen al propio presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Murillo.
Otro hijo de ambos, Juan Carlos, ya había sido incluido en la lista de sanciones.
Todos estos funcionarios tienen vetada la obtención de visas para ingresar a la UE, y eventuales activos que posean en la Unión Europea resultan congelados.