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La ciudad de Masaya, en Nicaragua, comenzó a enterrar este miércoles a sus muertos quienes perdieron sus vidas por la represión que ha sufrido ese pueblo a manos de las fuerzas gubernamentales, las cuales mantienen un asedio contra la población, que se declaró en rebeldía contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega.
Tres personas murieron el martes en Masaya, ciudad que queda 35 kilómetros al sur de Managua, y uno más falleció en enfrentamientos en Estelí, 110 kilómetros al norte, lo que elevó a 187 el número de víctimas fatales desde que el 18 de abril estallaron las protestas contra Ortega, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
“Esto está horrible, ya no se puede vivir en paz, la gente se está muriendo por este gobierno que no se quiere ir”, dijo Ramona Alemán, una ama de casa de 40 años, en el cementerio del norte de Masaya, donde este miércoles enterraban a Marvin López, muerto a tiros en una trinchera por un disparo de bala en la garganta.
El carpintero Edgar Taleno, de 35 años, contó cómo, junto con sus compañeros, tuvo que escabullirse entre los disparos de las fuerzas del orden para sacar el cuerpo de López.
“Esto es una anarquía total, pedimos a la comunidad internacional que nos apoye. Aquí ya no se puede vivir, están masacrando a un pueblo que no tiene armas”, lamentó Taleno.
En el entierro, los asistentes cantaron el himno nacional de Nicaragua, gritaron “asesinos” contra el presidente y dispararon morteros de fabricación casera en homenaje a las víctimas.
Entre tanto, turbas adeptas al Gobierno quemaron la madrugada de este miércoles el hotel Masaya, denunció a la prensa su propietario, el dirigente del Movimiento Estudiantil 19 de Abril, Cristian Fajardo.
“Entraron a mi negocio, regaron combustible dentro, a mi tío lo sacaron a golpes y le partieron la cabeza con culatas de las AK47 que portaban. Le perdonaron la vida y lo sacaron descalzo ensangrentado”, narró Fajardo.
El miércoles se escuchaban disparos en distintos puntos de la localidad, mientras que pobladores reportaron balaceras y ataques de hombres fuertemente armados en las ciudades de Jinotepe, León, Matagalpa y Estelí.
“Son situaciones de extrema violencia que ya están sobrepasando los límites y la verdad es que nos encontramos en una falta de defensa total”, dijo la directora ejecutiva del Cenidh, Marlin Sierra.
El martes, agentes antimotines y grupos parapoliciales llegaron a Masaya fuertemente armados, vestidos de negro y con pasamontañas, luego de que esta ciudad, históricamente combativa, se declaró el lunes en rebeldía para exigir la salida del poder de Ortega.
Señalando a los grupos alzados contra el Gobierno, la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, advirtió que el mandatario está “comprometido en frenar esa ola terrorista, de crímenes de odio, secuestros, amenazas, intimidación”.
El ataque a Masaya ocurrió luego de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) suspendiera el lunes un diálogo a la espera de que el gobierno formalmente invite a un grupo de organizaciones internacionales para investigar los hechos de violencia.
Esa convocatoria se había acordado entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia el pasado viernes, luego de que el diálogo pasara varios días suspendido por el recrudecimiento de la violencia.
Pero la alianza opositora, que reúne a sectores de la sociedad civil, se retiró el lunes de las mesas de diálogo tras criticar al gobierno por el incumplimiento de ese acuerdo.
Tres activistas nicaragüenses que acudieron este miércoles al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, advirtieron que el gobierno de Ortega utiliza el diálogo para continuar la represión contra la población.
“El presidente se ha aprovechado de este diálogo nacional para aumentar los niveles de represión y los niveles de violencia”, dijo el sociólogo Denis de Jesús Darce.
El Gobierno exige el levantamiento de los bloqueos de vías y la Alianza Cívica un adelanto de las elecciones de 2021 a marzo de 2019 y reformas en el poder judicial.
Estados Unidos se sumó a la presión por la presencia de organismos internacionales y por el adelantamiento de las elecciones para acortar el mandato de Ortega, tras condenar “la violencia e intimidación patrocinadas por el Gobierno”.
Carlos Trujillo, representante del gobierno de Donald Trump ante la OEA, llegó el martes a Managua, se reunió con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y tiene previsto encontrarse con Ortega este miércoles.
Las protestas comenzaron contra una reforma a la ley de seguridad social (ya retirada por el Gobierno) y se fueron extendiendo para pedir la salida de Ortega, un exguerrillero de 72 años, con 11 en el poder, que combatió a la dictadura de Anastasio Somoza en 1979.
Electo tres veces desde 2007, Ortega ha sido cuestionado por sus tendencias autoritarias y por controlar todos los poderes del Estado a través de sus aliados.
