La ley de Texas que permite a la policía estatal detener y expulsar a los migrantes que crucen ilegalmente a Estados Unidos desde México quedó de nuevo suspendida a última hora de este martes, en otro episodio de las continuas idas y venidas legales sobre su destino.

El Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito volvió a bloquear la normativa, en una decisión que, sin embargo, podría ser pronto revocada, permitiendo que la ley entre en vigor de nuevo mientras continúan los argumentos sobre ella en esta instancia.

Esta legislación, que convierte en un delito estatal la entrada ilegal en el territorio, prevé penas de hasta 20 años de prisión y autoriza a los jueces la expulsión de migrantes a México.

El estado de Texas está gobernado por el republicano Greg Abbott, un gran admirador de Donald Trump, probable rival del presidente demócrata Joe Biden en las presidenciales de noviembre.

La administración de Biden se ha opuesto firmemente a llamada ley SB4, argumentando que el gobierno federal tiene autoridad sobre los asuntos de inmigración, no los estados por separado.

Batalla legal

La normativa, aprobada por el Senado de Texas y promulgada por Abbott, debía entrar en vigor a inicios de marzo pero ha sido bloqueada varias veces.

Un juez federal la había suspendido temporalmente en febrero, argumentando que entraba “en conflicto con las disposiciones clave de la ley federal de inmigración”.

Pero un tribunal de apelaciones decidió que la SB4 podía aplicarse a menos que la Corte Suprema dictaminara lo contrario. Fue entonces cuando el magistrado supremo Samuel Alito la dejó en suspenso de forma indefinida.

Hasta este martes, cuando la Corte Suprema en pleno, que tiene una mayoría conservadora de 6-3, opinó lo contrario. No obstante, los tres magistrados progresistas discreparon.

“Hoy la Corte invita a más caos y crisis en la aplicación de la ley de inmigración”, dijo la jueza progresista Sonia Sotomayor.

“La SB4 no solo hará que las comunidades de Texas sean menos seguras, sino que también supondrá una carga para las fuerzas del orden y sembrará el caos y la confusión en nuestra frontera sur”, había dicho también ante la decisión la Casa Blanca. “La SB4 es solo otro ejemplo de funcionarios republicanos que politizan la frontera mientras bloquean soluciones reales”, agregó.

-Migrantes en la frontera

En la mexicana Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso (Texas) y donde se acumula un importante número de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, la decisión de su aplicación se había recibido con pesar.

Gustavo Adonai, un hondureño, de 43 años, dijo que Texas tiene el derecho de proteger su territorio, pero pidió una oportunidad. “Lo necesitamos porque nuestros países están muy mal”, aseguró a la AFP.

Antes de conocerse la nueva suspensión de este martes, el gobierno de México advirtió que se negará a aceptar a los migrantes, así sean ciudadanos mexicanos, que las autoridades de Texas busquen entregar en la frontera.

“México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas”, informó en un comunicado la cancillería.

Para México, esta ley “criminaliza y discrimina” y se ofreció a colaborar en el caso ante la Corte de Apelaciones, para transmitir información sobre el impacto de la ley “en la comunidad mexicana y/o mexicoamericana” y “en las relaciones entre México y Estados Unidos”.

Tema electoral clave

La crisis migratoria es uno de los temas candentes de las elecciones presidenciales.

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Trump amenaza con expulsar masivamente a los migrantes si gana los comicios. “Envenenan” la sangre del país, “están matando” a Estados Unidos, repite en sus mítines, en una retórica compartida por Abbott.

Previo a esta nueva puesta en suspenso, el gobernador se había dicho satisfecho con la aplicación de la ley, al igual que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, para quien la normativa permitía al estado defender la “soberanía sin entrar en conflicto con la ley federal”.

Los republicanos culpan a Biden de no hacer lo suficiente para frenar la llegada récord de migrantes, mientras que la Casa Blanca acusa a los conservadores de sabotear un intento bipartidista de encontrar una solución.

Y es que la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, se niega incluso a votar este texto, que incluye restricciones que ellos mismos han pedido, por considerarlo demasiado laxo.