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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró una situación “más grave” de la esperada tras su visita a Nicaragua, sacudida por más de un mes por protestas antigubernamentales que dejaron 76 muertos, dijeron el miércoles integrantes del ente.
“La visión nuestra al llegar a Nicaragua era distinta a lo que vimos y luego de casi cinco días nos vamos con una visión bastante más grave de lo que pensábamos”, dijo la relatora especial de la CIDH, Antonia Urrejola.
“Encontramos una situación más compleja de la que imaginábamos”, coincidió el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao.
En rueda de prensa en Washington, tras finalizar el lunes una misión para investigar la violencia desatada desde el 18 de abril en el vecino del norte, ambos destacaron la “crisis instalada” por las manifestaciones en todo el país contra el gobierno de Daniel Ortega.
Urrejola, que participó vía Skype desde Chile, señaló “un ambiente generalizado de inseguridad y falta de confianza en las instituciones”.
Abrao, por su parte, dijo que la CIDH constató “un padrón de violencia y represión” de las protestas y subrayó un “ambiente de intimidación, de amenazas”.
“Hay personas que se sienten aterrorizadas. Había mucho miedo de prestar testimonio a la comisión y las consecuencias y represalias que eso podía representar en sus vidas”, dijo, aunque la delegación regresó con “maletas llenas” de documentación recabada.
“Es fundamental ahora que tengamos la capacidad de visibilizar lo que encontramos”, consideró Abrao.
En su informe preliminar, la CIDH reveló “graves violaciones a los derechos humanos” caracterizadas por “un uso excesivo” de la fuerza pública y de terceros armados para reprimir las protestas.
Además, incluye “varios testimonios que hablan del uso de francotiradores” en Managua y Matagalpa, lo que indica “la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales”.
La CIDH documentó 76 muertos en el contexto de las manifestaciones, incluidos agentes policiales. Además, constató 868 heridos, de los cuales cinco están hospitalizados graves, y 438 detenidos, entre estudiantes, población civil, defensores de derechos humanos y periodistas.
“Este informe ayuda a sistematizar informaciones que no estaban integralmente disponibles para la opinión publica de la comunidad internacional”, dijo Abrao.
