Dinamarca considera que no puede recibir más inmigrantes sin poner en peligro su modelo social, por lo lo que multiplica las medidas para impedir su llegada. La más reciente es espectacular: detener a los “indeseables” en una isla desierta.
Desde la ola migratoria de 2015 que llevó al país a restablecer el control de sus fronteras terrestres, Dinamarca (gobernado por una coalición de centroderecha apoyada por la derecha populista antimigración DF (partido del Pueblo Danés), se enorgullece de haber adoptado unas 100 enmiendas que restringen los derechos de los extranjeros.
"Los daneses son más bien acogedores, pero el sistema es otra cosa: el gobierno dice claramente que no nos quiere" afirma Dejene, un solicitante de asilo etíope de 30 años, que se halla en una asociación de ayuda a los recién llegados.
Hace cuatro años que llegó a este pequeño país de 5,8 millones de habitantes, de los que 8,5% son de origen "no-occidental", según el instituto de estadísticas nacional.
Para 2019, año electoral, el objetivo de la mayoría es claro: que los refugiados comprendan que sólo pueden quedarse de forma provisional.
Acaba de proponer al Parlamento una limitación del agrupamiento familiar y la baja de prestaciones sociales.
Estas sumas, teóricamente generosas, sin embargo muy pocas veces bastan en este país, uno de los más caros de Europa.
"Deben regresar y ayudar a reconstruir su país lo más rápidamente posible" se justifica Martin Henriksen, portavoz de temas migratorios de DF.
Entre 2015 y 2017, debido a restricciones cada vez mayores, el número de demandas de asilo ha caído un 75%.
Para el investigador Demetri Papademetriou, fundador del Instituto europeo de migraciones, la política migratoria danesa "es un caso único de dureza e intolerancia" en Europa, en un contexto ya poco favorable a los migrantes.
Desde hace tres años, Dinamarca no ha ahorrado medios para disuadir a los solicitantes de asilo: anuncios en la prensa libanesa para advertir a los candidatos del endurecimiento de las condiciones para instalarse en su territorio, o la incautación de bienes de valor de los migrantes al traspasar la frontera.
Estas restricciones son ante todo obra del Partido del Pueblo Danés, estima Papademetriou.
"En Europa, ningún otro partido ha tenido tanto éxito en moldear de forma tan profunda y duradera la política nacional relativa a migraciones", estima.
El último de sus logros es agrupar en una isla deshabitada a migrantes a los que se rehusó el asilo y que tienen antecedentes judiciales, a la espera de ser expulsados, así como a quienes no pueden ser reenviados a sus países.
Este lugar de retención, ubicado en un antiguo centro de investigación sobre enfermedades animales contagiosas en la isla de Lindholm, albergará desde 2021 a 125 personas. Algunas de éstas estarán destinadas a dejar rápidamente el país, pero otras podrían permanecer en la isla por un tiempo indeterminado.
El proyecto, propuesto por DF, ha sido aceptado sin reservas por el gobierno.
"Si alguien es indeseable en la sociedad danesa, no debe molestar al común de lo daneses" justificó en Facebook Inger Støjberg, el popular y controvertido ministro de Inmigración.
Varios miles de daneses tomaron las calles para protestar contra este proyecto y las medidas sobre la inmigración.
"Los daneses no se manifiestan a menudo de forma masiva, pero (...) sienten que la clase política está yendo demasiado lejos" dice la secretaria general de Amnistía Internacional en Dinamarca, Trine Christensen.
¿Los daneses? Pero no todos. Según los últimos sondeos, DF seguiría siendo el segundo partido del país. A pocos meses de las legislativas, obtendría 18% de votos, muy cerca del partido liberal, que dirige el actual gobierno.