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Nicaragua llega a unas elecciones cuyo ganador ya se conoce en medio de una crisis, algo común durante los mandatos de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En 2018 fueron reprimidas con violencia las protestas contra el gobierno, este año se dio la detención de unos 40 opositores, incluidos siete aspirantes presidenciales, y algunos países le han impuesto sanciones el país.
Estas son algunos de los momentos más complicados ocurridos desde hace tres años y hasta ahora.
Gobierno contra el pueblo
En 2018, Nicaragua se vio sacudida por protestas que exigían la renuncia de Daniel Ortega, exguerrillero sandinista en el poder entre 1985 y 1990 y nuevamente desde 2007; y de su esposa, Rosario Murillo, vicepresidenta desde 2017.
Los manifestantes acusaban a la pareja presidencial de formar una “dictadura” marcada por la corrupción y el nepotismo. La comunidad internacional denunció la violenta represión de las protestas, en las que murieron 328 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cientos de opositores fueron encarcelados y más de 100.000 nicaragüenses se fueron del país.
Castigos sin consecuencias serias
Estados Unidos impuso sanciones al gobierno y a la gente más cercana a Ortega durante las manifestaciones de 2018.
En junio pasado Washington aplicó sanciones contra más funcionarios y la hija del presidente, Camila Ortega, al acusar al régimen de dañar la democracia y violar los derechos humanos.
En agosto, la Unión Europea impuso sanciones a Murillo, a su hijo Juan Carlos Ortega y a seis funcionarios del gobierno por “graves violaciones de derechos humanos”.
El 3 de noviembre, el Congreso estadounidense aprobó la ley RENACER (siglas en inglés de Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua), con medidas para aumentar la presión diplomática sobre el gobierno de Ortega, al que acusan de corrupción y abuso de los derechos humanos.
Leyes a la medida
En octubre de 2020, los diputados oficialistas aprobaron una ley que exige el registro como “agente extranjero” de cualquier persona o institución que reciba fondos del exterior, incluidas oenegés; y otra que sanciona con penas de prisión la “publicación o difusión” de información que las autoridades consideren falsa.
En diciembre de 2020 se aprobó otra ley que encarcela a quienes promuevan sanciones contra Nicaragua, en un claro ataque a la oposición.
La comunidad internacional y defensores de los derechos humanos denunciaron esas leyes como una restricción de las libertades y acoso a los rivales políticos.
Farsa bien montada
En mayo de 2021, el parlamento aprobó la composición del nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE) integrado por magistrados favorables al gobierno, de cara a unas elecciones en las que Ortega será reelegido para un cuarto mandato consecutivo ya que sus rivales de peso están detenidos.
El tribunal inhabilitó también en mayo a dos partidos opositores.
El CSE convocó a las elecciones para este 7 de noviembre, pese a las críticas de la oposición y la comunidad internacional por la falta de garantías para un proceso justo y transparente.
Prisión para opositores
Acercándose las elecciones, el gobierno lanzó una ola de arrestos de líderes opositores.
El 2 de junio, la periodista Cristiana Chamorro, aspirante presidencial con mayores posibilidades contra Ortega, fue puesta bajo arresto domiciliario, acusada de lavado de dinero. Es hija de la expresidenta Violeta Barrios y de Pedro Joaquín Chamorro, héroe de la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza (1937 a 1979).
En los días y semanas siguientes fueron detenidos otros seis aspirantes presidenciales: el politólogo Félix Madariaga, el economista Juan Sebastián Chamorro (primo de Cristiana), el exdiplomático Arturo Cruz, el periodista Miguel Mora, el líder campesino Medardo Mairena y el dirigente conservador Noel Vidaurre.
También fueron arrestados otros miembros de la familia Chamorro y destacados disidentes sandinistas, como la excomandante Dora María Téllez, así como dirigentes empresariales y sociales.
El gobierno acusa a los opositores detenidos de “traidores a la patria” y “golpistas” financiados por Estados Unidos. Washington, que tilda a Ortega de “dictador”, la ONU y la Unión Europea exigen su liberación.
Más sufrimiento para el país
El 2 de agosto, el Frente Sandinista (FSLN, izquierda) anunció que Ortega, de 75 años, y su esposa, de 70, serían candidatos a presidente y vicepresidenta.
Cuatro días después, el CSE inhabilitó a un tercer partido, el derechista Ciudadanos por la Libertad (CXL).
