“La Profe”, de 53 años, agarra cada día una lata decorada con la bandera de su país y va a alguna calle de San José o alrededores.

Siempre lleva una cartulina donde se lee: “Somos nicaragüenses, necesitamos de su ayuda con 5 o 10 colones para comer y tener un lugar donde dormir. Muchas gracias. Que Dios los bendiga” .

En su ciudad natal tenía casa propia y trabajo, era maestra suplente de primaria y asistente de unos abogados.

“Éramos humildes pero la vida es más barata”. Ahora, esta mujer que pide ser identificada sólo como “La Profe” por miedo a represalias contra su familia en Nicaragua, lamenta tener que mendigar. Pero sin permiso de trabajo, no ve otra opción para sobrevivir. “Nunca lo había hecho” , dice.

El destino de los cerca de 50.000 nicaragüenses que llegaron de Costa Rica en el último año huyendo de la violencia y la persecución es una pieza clave en el diálogo actual entre el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica.

La Alianza reclama garantías para que todos puedan regresar seguros. La mayoría son estudiantes, defensores de derechos humanos, periodistas o dirigentes sociales.

Gran desafío

Mientras los negociadores se esfuerzan por llegar a acuerdos en esta crisis que se ha cobrado al menos 325 muertos y cientos de detenidos, los exiliados sin familia que les apoye ni ahorros luchan cada día por salir adelante, algunos con trabajos precarios, otros casi en la indigencia.

Son “los olvidados de los olvidados”, dice Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, que acaba de visitar Costa Rica.

Como muchos otros, “La Profe” huyó de Nicaragua durante la llamada “Operación Limpieza”, el operativo lanzado por Ortega en julio y al que siguió lo que la ONU describió como una “caza de brujas” contra todo disidente.

A su ciudad, Diriamba, llegaron paramilitares armados, asegura La Profe, que dejaron un rastro de muertos, heridos y hasta lo nunca visto: agresiones a los obispos en una iglesia.

El delito de La Profe fue llevar comida y apoyar a los estudiantes en sus protestas. Un día, poco después de dejarles desayuno, comenzaron a dispararles. “No sé cómo estoy viva” , recuerda.

Lo único que podía hacer era huir.

La Carpio los une

Al llegar a Costa Rica sólo encontró un lugar para vivir en La Carpio, un asentamiento irregular de San José, destino desde hace décadas de la migración nicaragüense.

En La Carpio escasea el agua, se acumula la basura y las aguas negras corren por estrechos pasadizos a cuyos lados se abren cuartos sin ventanas y letrinas en la misma habitación.

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Antes de la llegada de la más reciente oleada de refugiados sin recursos, la mitad de los cerca de 18.000 habitantes de La Carpio ya vivían en casas precarias y el 70% de las familias subsistían con menos de 330 dólares (¢198.000) al mes.

Algunos días La Profe no recoge más de tres dólares (¢1.800), pero sale adelante gracias a la ayuda de iglesias, de gente anónima que le da comida y de la solidaridad de sus vecinos, a veces con tan poco como ella.

Sin embargo, se las arregla para alquilar un espacio (de 30 metros, pequeñísimo) junto a dos de sus hijos, dos nietos y seis personas de otra familia. Son afortunados porque el casero a veces les fía, se reparten para dormir entre el suelo de la única habitación y el de la cocina.

Un día reciente, en la alacena solo había un paquete de pasta, una biblia y una bandera nicaragüense.

Aunque las leyes costarricenses permiten que los exiliados puedan trabajar legalmente, para hacerlo deben primero registrarse, luego conseguir un carné de solicitante de asilo y más tarde tramitar el permiso de trabajo. La Profe lleva ocho meses esperándolo.

La llegada masiva de exiliados ha hecho más lenta toda esta burocracia, y aunque las autoridades reciben a 600 solicitantes a la semana, de las casi 29.000 personas que han recibido el carné, solo 8.000 han logrado el permiso de trabajo y más de 20.000 esperan aún el primer trámite.

La semana pasada, Amnistía Internacional llamó al gobierno de Costa Rica a que, con el apoyo de la comunidad internacional, active un plan de atención a los refugiados que incluya identificar a los sectores más vulnerables y garantizar su acceso a la salud y la educación, derechos reconocidos por la ley costarricense, pero de los que muchos no disfrutan. El gobierno de Costa Rica dice que el plan ya está listo y sólo falta de la aprobación presidencial.

El Ejecutivo nicaragüense no respondió a una solicitud de comentario y ha hecho pocas declaraciones sobre los exiliados, pero Daniel Ortega comparó recientemente a los opositores con Caín, el personaje bíblico que mató a su hermano por envidia.

El actual diálogo entre sus representantes y los miembros de la Alianza Cívica comenzó el 27 de febrero, pero ha estado lleno de interrupciones, avances y retrocesos.

El gobierno excarceló a 160 personas, pero centenares siguen tras las rejas a la espera de que se cumpla la promesa del Ejecutivo de liberar a todos los presos políticos.

Y aunque el viernes se firmaron dos acuerdos, al día siguiente se incumplió el que garantizaba la libertad de manifestación cuando la Policía desalojó una protesta pacífica. Al final, hubo tres heridos de bala.

Cuando se juntan, los exiliados programan actos y protestas dentro y fuera del país, ponen en común noticias que les llegan por internet y siguen muy de cerca el proceso de diálogo entre el gobierno y la Alianza.

Muchos esperan el fin de la crisis para regresar a su país, pero no hablan de tiempo.