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"Deshidratado" del bañazo

Rechazan libertad a expresidente canalero

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"Deshidratado" del bañazo

Miami, EE.UU.

Martinelli deberá rogarle mucho al de Arriba para que lo salve./AP (Marco Ugarte)

AFP

El expresidente panameño Ricardo Martinelli, investigado en su país por espionaje y corrupción, fue arrestado este lunes en su residencia en Miami y vivió un verdadero martes 13 cuando el juez ordenó que siguiera preso.

Entre los casos en su contra figura la presunta sobrefacturación en un contrato de $45 millones por la compra de comida deshidratada para escuelas públicas, uso de cuentas secretas para cometer fraudes, cobro de comisiones por evasión fiscal e indultos cuestionados.

Martinelli fue arrestado al caer la tarde del lunes en su casa en Coral Gables, en el sur de Miami, donde vive desde el 2015, y está recluido en una prisión federal.

El exmandatario, que gobernó el país canalero entre 2009 y 2014, compareció ante un juez la mañana de este martes, el cual le denegó el pedido de libertad bajo fianza. La próxima audiencia de libertad condicional será el 20 de junio.

En Panamá, Carlos Carrillo, uno de los abogados de Martinelli, dijo a los periodistas que su equipo legal en Panamá "no va a dar declaración alguna sobre su situación legal en estos momentos", algo que solo harán sus abogados en Miami.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá acusa al exmandatario (2009-2014) de ordenar la intervención de teléfonos y correos electrónicos de unos 150 opositores a su gobierno.

El gobierno panameño solicitó a Estados Unidos la extradición de Martinelli por este caso.

El mes pasado la Interpol emitió "alerta roja", acogiendo la petición de la justicia panameña de detenerlo.

Desde el fin de su mandato se han abierto 200 investigaciones sobre su gestión, según la sección panameña de Transparencia Internacional, mientras la justicia ha admitido cerca de una decena de denuncias en su contra.

Entre los casos figura la presunta sobrefacturación en un contrato de 45 millones de dólares por la compra de comida deshidratada para escuelas públicas, uso de cuentas secretas para cometer fraudes, cobro de comisiones por evasión fiscal e indultos cuestionados.

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