La odontóloga Hellen Kacia Matias da Silva fue detenida como sospechosa de deformar al menos a diez pacientes, se enfrenta a seis cargos.

En abril de 2023, la profesional de la odontología y la clínica donde trabajaba fueron condenadas por el Tribunal de Justicia de Goiás (TJGO).

La condena supuso para la víctima una indemnización por daños materiales, morales y estéticos de 10.000 reales por tener la nariz desfigurada tras un procedimiento de rinomodelación, una técnica que utiliza ácido hialurónico para rellenar y corregir imperfecciones en el contorno y la forma de la nariz.

“Al ser la cirugía estética una obligación de resultado cuya responsabilidad del médico se presume, no corresponde al paciente probar su culpa, negligencia o mala praxis por el procedimiento insatisfactorio que causó el daño, sino al médico, que debe demostrar que existe alguna exclusión de su responsabilidad, capaz de eliminar el derecho a indemnizar al paciente que no tuvo el resultado esperado de la cirugía estética. De ahí la razón de la inversión de la carga de la prueba”, dice la sentencia.

Hellen fue investigada por práctica médica ilegal el año pasado. Según la policía civil, ella y otros tres dentistas fueron denunciados por víctimas que declararon haber sufrido lesiones graves como consecuencia de los procedimientos.

En un comunicado, el CRO-GO afirmó que “se están tomando las medidas administrativas pertinentes, observando el debido secreto aplicable al caso”. Sin embargo, el registro profesional de Hellen sigue activo en Goiás. La página web de la entidad afirma que es cirujana dentista especializada en armonización orofacial.

Víctimas

Según la Policía Civil, las cirugías plásticas se ofrecían en las redes sociales por debajo del valor de mercado. La odontóloga vendía abiertamente las cirugías en su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 650.000 seguidores. Además, impartía cursos para que otros profesionales sanitarios realizaran estas cirugías bajo su “supervisión”.

Tras incautarse del teléfono móvil utilizado por el establecimiento para contactar con los pacientes, la policía civil descubrió numerosos casos de consumidores que quedaron con la cara deformada tras operarse con la profesional y/o sus “alumnos”.

Se tomaron declaraciones a más de diez de las víctimas de la dentista, así como a antiguos empleados del instituto. Todos ellos confirmaron que las cirugías prohibidas se realizaban en un lugar inadecuado (fuera del ámbito hospitalario), creando un grave riesgo para la integridad física de los consumidores. Las personas escuchadas también informaron de que la dentista no aceptaba ninguna crítica a su trabajo, tratando a los pacientes con desprecio.

El equipo de defensa de la dentista declaró a G1 que su detención -el 30 de enero- fue arbitraria e injusta, ya que no había incumplido una orden judicial que le prohibía realizar operaciones de cirugía estética facial después del 22 de noviembre.

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Según las abogadas Caroline Arantes y Thaís Canedo, que representan a la odontóloga, el tribunal confundió el procedimiento realizado. La profesional -especializada en cirugía oral y maxilofacial- realizó un procedimiento restaurador después del 22 de noviembre, y no uno estético, dentro de la competencia de la especialidad de la profesional.