EscucharEn una frontera selvática y sembrada de coca, militares de Colombia y Ecuador están a la caza del jefe del grupo que mató en cautiverio a los tres integrantes de un equipo de prensa, cuyos cuerpos no han sido recuperados.
Tumaco está militarizado. El municipio con más narcocultivos del mundo es el centro de la ofensiva del lado colombiano, mientras del ecuatoriano las acciones se enfocan en San Lorenzo, donde rige desde enero el estado de excepción.
“Va a haber una arremetida más contundente”, dice el general Mauricio Zabala, comandante de la Fuerza Despliegue Rápido Número 2 del Ejército colombiano.
Las acciones se encaminan a dar el gran golpe contra Walter Artízala, alias Guacho, el jefe de una disidencia no tan numerosa de la ya disuelta guerrilla de las FARC que secuestró y ejecutó a los dos periodistas y el chofer del diario ecuatoriano El Comercio.
De momento la atención se focaliza en que Ecuador pueda cuanto antes recobrar los cuerpos a través de una sigilosa operación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
El periodista Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60) fueron ejecutados a balazos mientras estaban encadenados, según las fotografías que hicieron llegar los captores.
Sin embargo, aún es incierto el paradero de los cadáveres, si están en manos del grupo Oliver Sinisterra, que comanda Guacho, o si fueron dejados en algún punto de la zona limítrofe donde se produjo el secuestro el 26 de marzo último.
“No conocemos el tiempo transcurrido desde la muerte pero las condiciones de temperatura, humedad y dificultad de acceso a los sitios donde pueden estar, hacen presumir que los cuerpos ya se encuentran en un estado avanzado de descomposición”, dijo a la AFP el director de Medicina Legal de Colombia, Carlos Eduardo Valdez.
Su equipo llegó a Tumaco para colaborar en el esclarecimiento del caso.
Enorme dolor
Nunca antes Ecuador había enfrentado un crimen de estas características, lo que prácticamente rompió en pedazos su idea de ser un territorio en paz en medio de la violencia y el narcotráfico que han golpeado por décadas a Colombia.
El ejército colombiano, que desde hace unos meses desplegó casi 10.000 hombres en Tumaco y alrededores, se mueve con cautela.
Sin hablar directamente de un cordón humanitario, los militares dijeron a la AFP que no interferirán en la operación del CICR.
El caso ha desatado una condena internacional y cuestionamientos internos a los dos gobiernos, que ofrecieron información a cuentagotas o contradictoria, por ejemplo, sobre el paradero de los rehenes.
Apenas se confirmó el mortal desenlace, Bogotá y Quito lanzaron el viernes una ofensiva militar para detener a los responsables.
“Hemos prestado todo el apoyo y colaboración desde el primer momento, y se los seguiremos prestando hasta que (...) se haga justicia”, señaló el presidente Juan Manuel Santos en el marco de la Cumbre de las Américas, que terminó el sábado en Lima.
En medio de las acciones coordinadas, Ecuador anunció que en la zona de Mataje, donde fueron secuestrados los periodistas, arrestaron a nueve “sospechosos” e incautaron armas y municiones.
Una cacería en conjunto con un solo objetivo: atrapar a Guacho. Ambos gobiernos ofrecen 230.000 dólares por información que lleve a su arresto.
Este ecuatoriano de no más de 35 años opera con entre 70 y 80 hombres en los límites de Nariño y la provincia costera de Esmeraldas, puntos estratégicos en la ruta del Pacífico para transportar cocaína a Estados Unidos a través de Centroamérica.
Las operaciones incluyen aviones y helicópteros, según el ministerio colombiano de Defensa.
Aún las autoridades no explican cómo un exguerrillero con un ejército en apariencia pequeño, pudo desatar el terror en dos países.
Porque aparte del brutal crimen de los periodistas -que según Ecuador pretendía canjear por presos en ese país- es señalado de varios ataques que dejan siete muertos y decenas de heridos en el lado ecuatoriano de la frontera.
También en Tumaco ha sido acusado de atentados que han dejado sin luz a este municipio de más de 200.000 habitantes, en su mayoría pobres y negros.
Para el ejército el fenómeno no se reduce a Guacho, sino que detrás está el narcotráfico que rompe fronteras.
“Esto se ha convertido en un crimen trasnacional, con tentáculos de estos delincuentes en países vecinos. Hay una gran influencia de los cárteles” de México, sostiene el general Zabala.
Por años las FARC ejercieron el dominio de este punto fronterizo, pero tras su desarme unos 12 grupos se disputan el control, según la Fundación Paz y Reconciliación.
