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Un empleado del organismo de recaudación fiscal de Argentina cambió su identidad sexual y su nombre para figurar como mujer, ya que por ley puede jubilarse cinco años antes, según la prensa local.
El argentino, de 59 años, ya no es más Sergio sino Sergia. En su entorno laboral afirman que habría tomado la decisión solo para jubilarse a los 60 años (la edad de pensión definida para las mujeres argentina), en lugar de los 65 años que se les solicita a los varones.
“Estupor, incredulidad y sinrazón porque un compañero de trabajo se cambió el DNI (documento de identidad) a sexo femenino cuando es bien sabido que es masculino y tiene pareja”, escribió bajo anonimato un tuitero desde la provincia norteña de Salta, lo que despertó el interés de los medios.
El caso es conocido en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Salta, donde trabaja esta persona que hizo los trámites para el cambio de identidad en la vecina provincia de Tucumán.
“Su caso es muy conocido y generó muchas discusiones durante largo tiempo, pero hasta hace poco se lo autorizaron. Inicialmente se lo negaron, pero él se amparó en la Ley de Identidad de Género. Fue un largo proceso administrativo”, explicó el director del Registro Civil de Salta, Matías Assennato, al portal InformateSalta.
Según otro empleado de la AFIP Salta, que habló bajo anonimato con la prensa de la provincia, el hombre toda la vida se la pasó de licencia en licencia para no bretear, abonando la sospecha sobre este contador público, que, según dicen, se casó y separó dos veces y tiene ahora una relación con una joven.
Assennato estimó que, de ser cierta la intención que se le adjudica, se estaría ante un claro ejemplo de abuso de derecho, por mal utilizar tanto los beneficios jubilatorios como los de la ley de identidad de género que permite a través de un simple trámite cambiar el nombre y el género.
La ley de identidad de género, vigente en Argentina desde 2012, establece que cualquier persona puede cambiar su nombre y género a elección, según su autopercepción.
La norma no obliga al solicitante a presentar documentación que acredite tratamiento hormonales o quirúrgicos, sino la simple expresión de su voluntad.
