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La modelo y cantante Elena Correa tuvo una nueva audiencia este lunes 3 de julio luego del allanamiento en su casa ubicada en el residencial El Castillo, en San Rafael de Heredia, ocurrido este 16 de junio.
La exmiss Costa Rica llegó a los tribunales de Heredia acompañada de sus nuevos abogados, quienes informaron que ella debía hacer una ampliación de su declaratoria luego de la detención en su contra por una denuncia interpuesta por su aún esposo Carlos Rodríguez, de 75 años.
A ella se le acusa de cometer los supuestos delitos de Estafa Informática, Hurto, Explotación Patrimonial e Incumplimiento de Medidas de Protección en perjuicio de una persona adulta mayor; sin embargo, en esa ocasión se abstuvo a declarar.
Elena llegó con sus abogados Edgardo Araya, Raymundo Pérez, Emilia Williams y Magaly Herrera, quienes informaron que llevaba su declaración por escrito. Solo la leyó ante los representantes de la Fiscalía y la firmó.
Además, presentaron algunas pruebas que harían confirmar que algunos de los objetos decomisados el día del allanamiento le pertenecen a Correa y no a Rodríguez.
Esta vez ella no habló con la prensa y se ha mantenido sin publicar nada en sus redes sociales, por disposición de un juez.
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Williams explicó al programa De boca en boca que la exreina de belleza estaba deseosa de presentar su ampliación de la declaratoria y que estaba muy confiada en las pruebas y demás documentación que presentaron a la Fiscalía para probar su inocencia.
“Básicamente fue que el día que ocurrió el allanamiento ella se abstuvo de declarar, entonces, hoy lo que venimos a hacer es ampliar la indagatoria y presentar toda la prueba para demostrar que en realidad ella es inocente y todo lo que se ha venido dando es un asunto de violencia contra ella por parte de una persona, que si bien es cierto es un adulto mayor, estamos de acuerdo, pero es un vulnerable, es una persona poderosa económicamente y que siempre ha ejercido su poder sobre ella”, dijo la abogada.
Correa se encuentra en libertad bajo medidas cautelares como no contactar a víctimas ni referirse públicamente al caso y este proceso penal es aparte al que ella presentó en contra de su esposo por violencia doméstica a mediados de abril y que la llevó a solicitar el divorcio, así como pensión alimenticia a su favor, pero aún no han llegado a ningún acuerdo.
