“Consideramos que el cobro del marchamo es totalmente inconstitucional y lesiona a los costarricenses, afectando su bolsillo y su capacidad adquisitiva", alegaron quienes presentaron la acción.
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Villalobos confirmó el jueves anterior, que la acción se presentó a la Sala IV el 3 de agosto anterior y el 24 de ese mes, los magistrados la acogieron para analizar la solicitud.
La Sala Constitucional se trajo abajo una serie de beneficios presentes en 7 artículos de la Convención Colectiva de la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope) y anuló en su totalidad, otros cuatro artículos.