La vida de doña Roxana Rojas giraba en torno a su único hijo, Josué Rojas, de 17 años, quien fue asesinado el 8 de abril del 2008 solamente por robarle un celular.

Por lo que perderlo fue un dolor enorme y le dejó un vacío muy grande, pero en esos momentos de sufrimiento prometió que la muerte de su hijo no sería en vano y tras una lucha incansable consiguió apoyo para que la Ley de Protección a Víctimas y Testigos (Ley número 8720) se convirtiera en una realidad.

Ya han pasado más de 14 años de un homicidio que conmovió al país, ya que se trataba de un buen muchacho, que estudiaba y que no puso ninguna resistencia cuando lo asaltaron, pero igual le dispararon y lo mataron.

La mamá asegura que en ese entonces ya se vivía mucha inseguridad en el país, pero siente que ese problema más bien ha aumentado.

Una conmoción parecida se vivió semanas atrás por el caso del joven Marco Calzada, de 19 años, a quien asesinaron a puñaladas el pasado 1º de julio, en las inmediaciones del barrio Chino en San José centro, igualmente para robarle un celular.

Despedida en el hospital

Ese 8 de abril, Josué salió del colegio Valley Forge, en Tibás, donde cursaba el quinto año, y se fue para su casa, en la urbanización Santa Mónica, en Llorente de Tibás.

“La urbanización tiene dos entradas, entonces, al parecer, ellos lo venían siguiendo. Cuando Josué saca las llaves para entrar a la casa se le acercan y le disparan para quitarle el celular. El guarda de la urbanización vio que Josué cayó y yo en aquel momento trabajaba en la administración de una empresa familiar cerca de la casa (a 100 metros), entonces el guarda me llamó y me dijo que a Josué le pasó algo.

“Yo salí y en ese momento lo veo tirado, yo sabía que estaba mal, pero no sabía qué le había pasado, Dígame por qué, pero yo me devolví a la casa corriendo por el bolso, pensando en que iba a necesitar los documentos. Luego llego a donde él con otros familiares y me decía que le dolía mucho, yo no vi ni una sola gota de sangre, pero tenía los labios morados”, recordó la mamá.

El joven fue trasladado en una ambulancia, junto a su madre, al hospital Calderón Guardia.

“Casi no podía hablar. Me dijo: ‘Ma, me duele mucho, pero voy a estar bien’. Yo no podía creer lo que estaba pasando porque en la mañana lo despedí para que se fuera al colegio”, dijo.

Lo que pasó fue que la bala hirió al joven en el abdomen y le provocó una hemorragia interna.

“Los doctores nos dijeron que no había posibilidad de que viviera y nos dejaron pasar a los familiares a la Unidad de Cuidados Intensivos, uno a uno nos despedimos de él, yo le dije que iba a estar bien y que le agradecía mucho por todos los años a mi lado”, contó.

Doña Roxana no asistió al funeral de su hijo porque quería que su último recuerdo juntos fuera cuando se despidieron en el hospital. Fue una decisión dura en ese momento, sobre la que mucha gente quiso opinar, pero su deseo fue respetado.

Testigo clave

El día del homicidio, uno de los sospechosos, para intentar despistar, llamó a las autoridades y dijo que las personas responsables de asaltar al colegial estaban en un carro estacionado afuera de la Pops de Tibás, que eran de tez morena, por lo que la Policía se fue y los detuvo, pero a las horas los soltaron pues se dieron cuenta de que no tenían nada que ver.

Los verdaderos asesinos eran un joven de 14 años y otro de 19. Resulta que el menor se fue a la casa de un amigo después de lo ocurrido con Josué y le contó lo que había hecho, pero por esas cosas de la vida, esa persona también conocía a la víctima, por lo que llamó al OIJ para contar todo lo que sabía. Él se convirtió en el principal testigo, pues el menor de edad le contó todo con lujo de detalle.

El 28 de julio del 2008, ese muchacho de 14 años fue condenado a ocho años de cárcel por el asesinato de Josué, mientras que el 13 de abril del 2009 condenaron al sujeto de 19 años, de apellido González, a 31 años de cárcel por robo agravado y homicidio calificado.

El menor de los dos sentenciados, que era de apellido Barboza, cumplió la condena y salió de la cárcel ya con 21 años, pero tras poco tiempo en libertad, el 26 de mayo del 2015 fue asesinado a balazos por dos pistoleros cuando viajaba en un carro con su pareja y su bebé por Tibás.

“Del otro condenado sé que ya salió porque hace como un año me vinieron a hacer una entrevista porque le iban a dar el beneficio, él no puede acercarse a mí, ni a mi familia, ni estar cerca de aquí, pero uno sabe que eso no se cumple”, dijo.

Una lucha

En los años posteriores a la muerte de Josué, el rostro de su madre se hizo conocido en los medios de comunicación, en la Corte Suprema de Justicia y en la Asamblea Legislativa.

“Cuando mi hijo murió yo pensé que era necesario que se hiciera un cambio. El presidente era Óscar Arias y no le interesaba levantar la voz por las víctimas, no era posible que teniendo un Premio Nobel de la Paz, en su país se viviera tal violencia”, aseguró.

Entonces Rojas recuerda que realizó una campaña social muy fuerte y decidió reunir a las familias de las víctimas de la violencia.

“Yo nunca imaginé la cantidad de gente que llegó, yo misma estaba impresionada, todos estábamos viviendo el dolor de que nos arrancarán a un ser amado, ya todos juntos pedimos que nos dieran audiencia en la Asamblea Legislativa, en aquel momento no existía la Comisión de Seguridad Ciudadana, luego de eso se creó”, detalló.

“En ese momento no había apoyo para las víctimas, no había nada, usted tenía que pagar su abogado, su ayuda psicológica y lo que necesitara, todo era para el delincuente, todo lo que se pudieran aportar para las víctimas era por lástima, no porque existiera una ley”, explicó.

Doña Roxana y los demás padres de las víctimas recibieron apoyo de los diputados entre el 2008 y 2009 para la creación de la Ley 8720.

El artículo 1 de esta ley nos deja claro cuál es el objetivo que tiene: “El objeto de este título es proteger los derechos de las víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal, así como regular las medidas de protección extraprocesales y su procedimiento”.

“La ley era necesaria para darle protección a las víctimas y a los testigos para que hubiera justicia. En el caso de mi hijo, el principal testigo tenía 14 años y disparaban contra su casa para amenazarlo, para que no fuera a declarar, pero al sospechoso menor de edad sí lo protegían, sí velaban por sus derechos”, dijo.

Ella asegura que otra de sus motivaciones para pelear porque se creara esa ley es porque se sentía cansada de ver que la víctima tenía que esperar para todo, a veces ya ni la atendían en el OIJ o en la Fiscalía.

“Usted es el incómodo, porque va a preguntar todos los días por el caso. Yo conocí a muchas familias que no siguieron el proceso porque se cansaron de que la justicia siempre tratara de justificar al delincuente. ‘Pobrecito, ‘Hay que darle otra oportunidad’, eran parte de las frases de los defensores públicos. Además culpan a la sociedad, al entorno en que han vivido”.

Doña Roxana reprocha que algunos menores tiene múltiples antecedentes, los sueltan y los siguen deteniendo, en lugar de apelar a un proceso de prevención.

“Son jóvenes que hay que sacarlos de la sociedad antes de que se jalen una torta y meterlos en un programa institucional, que no existe, y decirles que estudian o van presos, pero hay que esperar a que comentan el delito. Además la reinserción social es un fracaso, esto no es un secreto para nadie”, comentó.

Ella aseguró que después de que la ley se aprobó, por casi dos años tuvo que ir a los juicios para velar porque se cumpliera, ya que para muchos funcionarios era un documento desconocido.

“La muerte de mi hijo no iba a ser en vano, por eso tanta pelea y tanta lucha para que las víctimas fuéramos respetadas”, dijo Rojas, quien también fue la fundadora de Asopaz, un grupo que reunía familias de víctimas de homicidios.

Lo perdió todo

Doña Roxana asegura que su vida se convirtió en un dominó, pues esta se fue cayendo pieza tras pieza con la muerte de Josué.

“Perdí mi casa, perdí mi trabajo, no pude pagar mis deudas, perdí el motor de mi vida. No solo es enterrar a un hijo, es que todo alrededor de uno se apaga”, comentó.

“Después de que la ley ya caminaba, necesitaba un tiempo para mí, para alejarme de todo esto y decidí empezar a estudiar Trabajo Social y logré graduarme, yo quería seguir apoyando y acompañando a muchas personas, por lo que yo he tenido que vivir, me encantaría poder trabajar en muchos proyectos”.

Ella asegura que lo más duro para una madre tras ver morir a un hijo es quedarse vacía, sin ningún proyecto.

“Mi vida giraba alrededor de Josué, mi hijo fue asesinado y todo murió porque yo no tenía mis sueños propios, todos eran con él y eso es durísimo, yo a veces podía pasar horas sentada pensando en él. Trabajar con las familias me dio momentos para olvidarme de mi dolor, enfocarme en las necesidades de otro, tuve que reinventarme”, reconoció.

Zúñiga es creyente y dice entender que Josué era de Dios, que él se lo prestó para que lo disfrutara.

Ella misma trata de no hablar mucho del pasado y de lo que ocurrió sino vivir el día a día y enfrentarse al futuro, siendo una mujer de la que su hijo estaría muy orgulloso y estamos seguros que así es.