EscucharEl presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, y la directora del ICODER, Alba Quesada Rodríguez, tendrán que dar la cara ante la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional y explicar cómo se llevó a cabo el proceso de reelección de Villalobos.
La solicitud de fiscalización del grupo opositor –formado por Herediano, Liga Deportiva Alajuelense, Universitarios, Municipal Grecia, Club Sport Cartaginés, Liga Nacional de Futbol Aficionado y Liga de Futsal– fue recibida y ahora Villalobos y Quesada deberán detallar todo lo que hicieron en la asamblea general del viernes 23 de agosto en el auditorio del Proyecto Gol.
Entre las peticiones está revocar el nombramiento de Villalobos y el resto del Comité Ejecutivo electo. Desean que se vuelvan a realizar las votaciones.
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“La audiencia no es pública. Los alegatos que tengan a bien plantear las partes interesadas deben ser presentados por escrito y dentro del plazo conferido a los efectos”, indicó el Registro.
“Mediante resolución dictada el 25 de octubre de 2019, se confirió la audiencia respectiva. Dicha resolución fue remitida a los destinatarios por medio de correo certificado de Correos de Costa Rica, depositado el lunes 28 de octubre de 2019. Una vez que la notificación sea efectiva, contarán con un plazo de hasta quince días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación”, agrega la información suministrada por el Departamento de Comunicación.
Entre las irregularidades en la asamblea que reclama el grupo opositor están que algunos de los asambleístas de la Liga de Ascenso y los equipos Saprissa, San Carlos y Santos de Guápiles habrían votado con la personería jurídica vencida.
“No se están peleando por puestos porque podrían volver a ganar, no es un tema personal, si la interpretación que hicieron los fiscales está pegada a derecho, le toca al Registro decirlo”, había indicado en días pasados Noel Ibo Campos, exvicepresidente de la Federación y parte del grupo opositor.
Además, el Registro informó que a petición de los mismos equipos se procedió a la apertura del expediente administrativo de fiscalización DPJ-065-2019, con la finalidad de fiscalizar a la Liga de Ascenso.
“Este último expediente se encuentra en estado procesal de prevención, según resolución del 31 de octubre de 2019, notificada vía fax el 1 de noviembre de 2019. A partir del siguiente día hábil de la notificación, cuentan con un plazo de hasta 15 días hábiles para cumplir lo prevenido”, señalaron.
