EscucharEl peso de la ley contra el racismo y la violencia en los estadios no caerá contra los pachucos que invadieron la cancha, insultaron a los jugadores y amenazaron a sus familias porque para que esto suceda la Liga debe denunciarlos y si lo hace también saldrá castigada.
Alajuelense violó la ley aprobada en noviembre del 2020 y es responsable del bochornoso espectáculo que se vivió el domingo en la Catedral al finalizar el partido ante Saprissa, por eso no le conviene denunciar nada.
Los manudos son responsables, según la ley, de los actos que se desarrollen dentro del escenario deportivo, tres horas antes y tres horas después del evento y en un radio de acción de hasta cinco kilómetros.
Desde permitir el acceso de la barra hasta la agresión que sufrió el periodista de Monumental Daniel Martínez por parte del portero manudo Leonel Moreira son actos que castiga la nueva ley.
Vamos paso a paso.
Hubo invasión del terreno de juego, uso de bombas de humo y lanzamiento de objetos como serpentinas. Eso fue visible y comprobable en las tomas de FUTV y son actos que violan el artículo 11 bis en su ítem 6. Esos artículos corresponde a la descripción de los actos que pueden considerarse infracciones.
“Introducir, portar o utilizar, en el recinto deportivo, pólvora, juegos artificiales y explosivos de cualquier tipo, bengalas, bombas de humo, petardos o cualquier otro artículo o componente pirotécnico o producto inflamable, fumífero o corrosivo”.
El artículo 11 también señala que las personas que incumplan lo anterior deben ser invitadas a salir de inmediato, algo que no se dio y el artículo 11 dice literalmente: “Se deben eliminar las zonas destinadas a las denominadas “barras bravas”, para minimizar el riesgo de conductas y actitudes incontroladas y garantizar el respeto y la convivencia de la colectividad”.
Después del partido, aficionados que han sido identificados como miembros de la Doce amenazaron a familiares de los jugadores en los palcos. Eso causó la movilización de los futbolistas hacia esa zona, evidentemente preocupados.
Es la organización la que debe velar por la seguridad en el terreno de juego y zonas de acceso, según el artículo 11.
Y el artículo 20 bis, no menos importante dice: “La no adopción, por parte de las entidades y agrupaciones deportivas, de medidas de seguridad (...), así como la falta del deber de cuidado, coordinación y diligencia en la prevención y el control de actos, comportamientos y conductas violentas, (...) serán sancionadas con la clausura temporal del recinto deportivo por un periodo de cinco jornadas deportivas como local y hasta inhabilitación para organizar eventos, partidos, encuentros o competiciones profesionales o aficionadas por una temporada completa”.
Claramente, la Liga se expone a esa sanción.
Y el artículo 20 puede aplicarse perfectamente al portero Moreira.
“Los actos, los comportamientos y las conductas antideportivos, racistas y violentos, por parte de los deportistas, árbitros y jueces deportivos, al margen de las reglas dentro del marco normativo y las reglas técnicas del juego, que se dirijan contra otros deportistas, árbitros, jueces deportivos, autoridades de las entidades deportivas u organizadores o contra el público en general serán sancionados con la inhabilitación. La sanción deportiva a imponer podrá ser de uno a cuatro años, incluso decretarse el retiro definitivo de la licencia deportiva, en caso de reiteración de los actos descritos durante su carrera deportiva federada”.
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A la Fiscalía le preguntamos si pueden actuar de oficio o debe haber una denuncia de por medio.
“La Ley contra la Violencia y el Racismo en el Deporte establece una serie de figuras de carácter administrativo y no penal, por lo que el Ministerio Público no podría entrar a conocer estas conductas”, respondieron.
“Cuando se trata de un posible delito, los cuerpos policiales, encargados de velar por la seguridad en los estadios, en conjunto con los personeros de la institución deportiva, podrían poner en conocimiento de la situación al Ministerio Público, pero, en el caso específico, no ha ocurrido”.
“Sobre los presuntos insultos a familiares de jugadores y directivos, no es posible determinar, sin conocer los hechos específicos, si se está ante un delito, pues se tendría que analizar cada caso de manera puntual, pero estos no han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía. Sin embargo, es probable que estos hechos sean tipificados como contravenciones, materia que corresponde a los Juzgados Contravencionales”, dice la respuesta de la Fiscalía.
La Teja buscó a Fernando Ocampo, presidente de Alajuelense para preguntarle por qué había gente de la Doce en el estadio y si es cierto que los chineos que reciben los canjean por votos. La gestión se hizo mediante prensa, pero también se le enviaron las preguntas al WhatssApp del presi. Pero no respondieron.
