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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, apuesta a ganar una “guerra” contra las pandillas que ya supera los 50.000 detenidos en menos de seis meses, mientras su gobierno prepara leyes para encerrarlos por largo tiempo, en medio de cuestionamientos por presuntas violaciones de los derechos humanos.
Bajo un régimen de excepción que se encamina a cumplir medio año, el gobierno informa diariamente sobre la disminución drástica de homicidios y extorsiones en el país tras las detenciones masivas de lo que, asegura, son pandilleros.
“Se ha visto un gran cambio positivo en mi zona, se siente una gran tranquilidad, una gran paz. Antes, temprano en la noche, era silencio total” por temor a las pandillas, confiesa una mujer de 55 años quien se identifica como América, en la ciudad de El Tránsito, a 125 km al este de San Salvador.
Las fiestas patronales de la ciudad se celebraron hace poco en un ambiente de cierta tranquilidad.
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Menos extorsiones
La Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES) afirmó recientemente que las extorsiones en los comercios minoristas se han reducido un 80%.
"Los resultados del régimen de excepción han sido contundentes, hemos impactado fuertemente a estas estructuras terroristas", dijo el martes el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
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La guerra contra las pandillas “tiene un efecto disuasivo”, afirma el investigador de Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), Carlos Carcach. “Saca de circulación a individuos que presumiblemente son criminalmente muy activos”.
Todo esto ocurre bajo un régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, declarado en respuesta a una ola de violencia que se cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo.
Este sistema ha sido extendido mes a mes por el Parlamento, controlado por los aliados de Bukele, y continuará al menos hasta fines de setiembre.
Pero organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch e incluso la diplomacia estadounidense han llamado al gobierno salvadoreño a respetar los derechos humanos, ante denuncias de detenciones de inocentes.
