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La vulnerabilidad generada por las deudas, la necesidad de pagar préstamos o de sacar a la familia adelante habría sido el elemento clave que aprovechó un grupo de médicos para comprarles sus riñones a 14 personas.
Ese argumento fue el que destacó la Fiscalía durante la etapa de conclusiones, que inició este lunes por un juicio que es llevado en contra de cinco personas, entre ellas un médico costarricense de apellido Mora, acusado de liderar una red de tráfico de órganos.
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La fiscala Ileana Mora explicó que los acusados se valieron en todo momento de la necesidad de las víctimas para impulsarlos a que se sometieran a las operaciones, aún cuando sabían la ilegalidad de sus actos.
“Si las personas no accedían a extraerse el órgano, no tendrían el dinero; algunos pretendían tener casa propia, otros estaban amenazados de muerte por deudas, en eso consiste la vulnerabilidad”, mencionó.
Asimismo, Mora fue muy clara al decir que aunque los médicos implicados indicaron en todo momento que habían trabajado bajo la ley, hay muchas situaciones que dejan al descubierto el oscuro negocio que tenían entre manos.
“En el consentimiento informado de las personas a quienes extraerían el órgano, no se observa que firmen ni el médico ni los dos testigos que exige la ley”.
Sumado a esto, la Fiscala dijo que nunca hubo una verdadera donación de órganos, pues había pagos de por medio, en donde los que más se beneficiaban eran los intermediarios, quienes incluso cobraban a las personas en el exterior que iban a recibir los riñones.
La Fiscalía señaló que incluso se nota como estas personas funcionaban como un grupo organizado, en donde todos tenían una labor específica que realizar.
Un ejemplo de esto es el presunto papel de un empresario griego, de apellido Katsigiannis, que aparentemente utilizaba su pizzería, ubicada al frente de la entrada de visitas del hospital Calderón Guardia, para contactar a las víctimas y ofrecerles hasta ¢10 millones por sus riñones.
Además del médico Mora y el griego, en este caso figuran como acusados otros dos cirujanos de urología de apellidos Stamati y Fonseca, así como un médico vascular periférico apellidado Monge.
Las conclusiones de la Fiscalía se extenderían hasta este martes, para luego darle paso a los defensores de los acusados, quienes buscarían defender la presunta inocencia de sus víctimas.
