Escuchar
Vivir en condiciones de pobreza, tener el deber de pagar préstamos, alquileres de casas, baja escolaridad y hasta la responsabilidad de criar a los hijos fueron las presuntas razones por las que unas 14 personas cayeron como víctimas en una supuesta red de tráfico de riñones, liderada por un doctor tico de apellido Mora.
Así lo dieron a conocer Ileana Mora y Álvaro Villalobos, de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada y Ronney Solano defensor de la Caja, en el inicio del juicio que se sigue contra el médico Mora y otros dos cirujanos de urología de apellidos Stamati y Fonseca . Así como un médico vascular periférico de apellido Monge.
También está en la lista un empresario griego, de apellido Katsigiannis, dueño de una pizzería.
Mora y los otros acusados fueron detenidos en junio del 2013 y para ese entonces era el jefe de Nefrología del hospital Calderón Guardia.
Katsigiannis, es propietario de la pizzería Acrópolis, que está al frente a la entrada de visitas del hospital Calderón Guardia y este era el lugar donde, según la Fiscalía, se hacían las reuniones y ofrecimientos de plata a las víctimas.
Este extranjero es señalado por el Ministerio Público como el responsable de encontrar y convencer a las personas de escasos recursos para autorizar la extracción del riñón por la suma de hasta ¢10 millones.
A la primera que convencieron, según la acusación, fue a la mujer policía de apellido Cordero Solano, a quien le pagaron unos ¢6 millones para someterse a la operación y sacarle el riñón. Esta mujer es vecina de Tirrases de Curridabat.
Luego el griego, según la parte acusadora, convenció a otros dos hombres, vecinos de Paraíso de Cartago, para que se sometieran a la operación y a cada uno le pagaron ¢3 millones.
El debate se inició pasadas las 9 a. m. de este lunes, en la sala #1 de los Tribunales de San José.
Tanto a los doctores como al griego, se les acusa de los delitos de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos, lesiones graves y peculado (solo en el caso del doctor Mora, por el uso de instalaciones y laboratorios de la Caja para hacer exámenes relacionados con los trasplantes).
La Fiscalía les atribuye a los acusados el supuesto liderazgo de una banda dedicada al tráfico internacional de órganos con conexión en Israel y en países de Europa del este. En Costa Rica este es el primer juicio que se realiza por un caso de estos.
Policía contactaba víctimas
Una vez que la oficial Cordero regresó a sus labores y sin uno de sus órganos, los doctores y el griego la contrataron para que buscara a posibles víctimas. A estas personas les ofrecían la suma de ¢10 millones y por cada uno que aceptara, Cordero recibiría una comisión de $1000, (poco más de medio millón de colones).
Fue así como otras once personas se vieron tentadas a aceptar la plata y perder un órgano.
Cordero es juzgada en otro juicio que se lleva de forma paralela.
A las personas que lograron convencer, es decir, las víctimas, son vecinos de Tirrases, Tibás, Desamparados, La Trinidad de Moravia, Turrialba y Alajuelita.
Según la acusación, a ellos les pagaban por el riñón entre ¢3 millones y ¢10 millones, pero nunca se les informó que podían tener problemas a futuro.
Las víctimas son defendidas por Ariana Arias Vargas y Vanessa Herrera, de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima del Ministerio Público.
Perdida en un 25% de las funciones
Los extranjeros que pagaron para recibir el riñón de los ticos son de origen griego, sirio y estadounidense.
Mientras que los ticos donantes perdieron el 25% de su capacidad funcional, según la acusación que dio a conocer la Fiscalía en el primer día de juicio.
Están llamados a comparecer 46 testigos, 25 de ellos aportados por la Fiscalía, entre estos las víctimas que vendieron los riñones.
