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El Ministerio de Economía se metió en el baile de la perseguidera a Uber al ordenarles a varios empresarios romper toda promoción que tenga que ver con la plataforma de transporte.
Si no lo hacen podrían terminar con multas entre los 4 millones y los 17 millones de colones.
El primero que pegó el grito al cielo por la perseguidera fue Gustavo Araya, director ejecutivo del hotel Wyndham San José Herradura, a quien le llegaron el jueves dos funcionarios de Economía para advertirle que en los próximos tres días hábiles debía presentar una declaración jurada en la cual se compromete a suspender cualquier promoción con Uber.
“Transcurrido el plazo, sin que el agente económico envíe la evidencia del cumplimiento (declaración jurada), se presumirá que el comerciante no ha enmendado la información en tiempo y dará lugar a tramitar la respectiva denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor”, explica el documento que le dejaron a Araya.
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La ministra de Economía, Geannina Dinarte, confirmó que la empresa que no haga caso se somete a la multa millonaria pero en ningún caso se contempla que esa empresa sea cerrada. El monto de la sanción lo decide la Comisión Nacional del Consumidor.
El abogado Rodolfo Alvarado, quien lleva el caso de doña Eugenia Cartín, quien tuvo la famosa bronca con Tigo, aseguró que lo que está haciendo Economía es arbitrario e ilegal.
“Es un tema muy propio de cada empresa con quién realiza alianzas estratégicas. Eso está estipulado en la libertad de comercio, también está en la Constitución Política. Solo una sentencia en firme e inapelable en los tribunales de justicia puede declarar algo ilegal, sin que eso suceda no se puede limitar, bajo ninguna circunstancia, las alianzas de comercios con Uber”, afirmó el abogado.
Belisario Solano, también abogado, reconoce que el Gobierno se fundamentó en su abogado (la Procuraduría General de la República) para la declaratoria de ilegalidad de Uber, pero que eso no significa que sea ilegal.
“Hay que revisar muy bien el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos porque ahí estoy seguro aparecen artículos que protegen a los empresarios en casos como el de Uber, en el apartado de la libertad de comercio. Además, mientras ningún juzgado haya declarado a Uber ilegal, no es ilegal”, indicó.
El 9 de agosto Luis Guillermo Solís ordenó a los ministerios de Economía, Seguridad Pública y Transportes a tomar acciones por la declaratoria de ilegalidad de la transnacional, por eso Transportes aumentó su vigilancia en carreteras, lo mismo hizo Seguridad Pública y ahora, con la amenaza a los comercios, Economía se metió en el baile.
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Este viernes el presidente Solís se agarró con la modelo Leonora Jiménez por el tema Uber. La macha le reclamó: “nos están quitando la oportunidad a los ciudadanos el derecho a elegir cómo movernos, o nos quita el impulso de crecer como emprendedores y aprovechar las oportunidades que la tecnología y la globalización nos brinda”.
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Solís le dijo que lo único que está haciendo es respetando la Constitución y las leyes porque, según la Sala Cuarta, la Procuradoría General, el Consejo de Transporte Público y las asesorías legales de cuatro ministerios, Uber es ilegal.
