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José y Pablo tiene una historia en común, su mente les pasó una mala pasada, en un momento perdieron al noción de la realidad y cometieron un delito. Sus nombres no son reales, pero sus historias sí y se repiten cada vez con más frecuencia.
Sus nombres no son reales, pero sus historias sí y se repiten cada vez con más frecuencia en nuestro país.
José se levantó un día pensando que era un millonario y entró a un supermercado que, en su mente, estaba seguro que le pertenecía, por lo que no vio nada malo en agarrar un champú.
Mientras que Pablo se encontró una moto y aunque nunca la arrancó, se imaginó que andaba a toda velocidad por la carretera con la adrenalina al tope. El dueño de la bicha lo denunció.
Ambos fueron juzgados y cumplen una medida de seguridad en el Centro de Atención para Personas con Enfermedades Mentales en Conflictos con la Ley (Capemcol), que está en La Uruca, San José
Junto a ellos, otros 112 hombres cometieron algún delito o fueron denunciados ante la ley por violencia, mientras tenían un momento de locura.
Caso sonado. Aunque Pablo y José podrían parecer que no matan ni a una mosca, hay otros internos que sí son de cuidado.
Recordemos el caso del hombre que asesinó a la mamá, una costurera de 49 años. El Tribunal Penal de Heredia declaró que no sería sentenciado penalmente por su estado mental (inimputable).
El pasado 13 de julio los jueces comprobaron que el acusado, de apellido Franco, sufre esquizofrenia paranoide y por eso decidieron enviarlo al Capemcol con la intención de rehabilitarlo.
Este centro se abrió en el 2011, como respuesta a un voto de la Sala Constitucional en el que funcionarios del Hospital Psiquiátrico solicitaron que no les mandaran más pacientes con condenas.
El doctor Luis López explica que hay un estigma para quienes presentan una enfermedad mental, producto de la genética o que se desarrolló por el consumo de drogas.
Les dan una mano. El espacio no busca castigar sino rehabilitar y darles la mano a las familias y a los allegados que le brindan apoyo al interno, en el entendido que estos enfermos no se van a curar, pero con un control médico apropiado podrían llevar una vida normal.
Todos los que son tratados pasaron por un proceso de psiquiatría forense que determinó que padecen una enfermedad que los hace actuar fuera de la realidad.
El proceso establece primero darle atención al paciente con terapia y medicación, evaluar su avance, para que entienda lo que hizo y evitar repetir la acción.
Seguridad mínima. En un recorrido con el doctor López, queda claro que las instalaciones se parece más a un gimnasio. El lugar está divido en varias secciones con ayuda de mallas, que no llegan al techo. Los vigilan polis penitenciarios sin armas.
Los reclusos están separados en dos grupos.
A un lado los que están con una medida seguridad y al otro los indiciados, que tienen una medida cautelar y no han ido a juicio.
Al centro hay un cuarto de cuidado médico. También está la estación de enfermería, donde se tienen los expedientes que llevan el control del tratamiento para cada paciente.
Estar ahí tampoco es como disfrutar en un club campestre, porque en este reducido espacio el paciente debe ingeniárselas para mantenerse ocupado.
Debe tener paciencia, en caso de que exista la recomendación médica para que vuelva a la vida cotidiana.
Ayuda legal. La abogada del centro, Alcira Hernández, asegura que, para ella, el problema es que los jueces ven el lugar como si fuera una cárcel común.
El objetivo del internamiento es seguir un proceso judicial, pero también se les da a los pacientes asesoría legal y clínica para la rehabilitación.
Hernández aseguró que una vez que el interno está en tratamiento y su condición se normaliza podrían darle la salida.
En algunos casos es poco probable que vuelva al centro, eso sí, mientras siga su medicación al pie de la letra y cuente con el apoyo de parientes y amigos.
